El Ayuntamiento de Albacete aprobó una declaración institucional para conmemorar el Día Nacional de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, reafirmando su compromiso con este colectivo. Se promueven políticas de vivienda digna, igualdad laboral y participación activa, buscando asegurar la inclusión y autonomía de las personas con discapacidad.
Esta mañana, durante la sesión plenaria llevada a cabo en la Casa Consistorial, se ha aprobado una declaración institucional por parte del Ayuntamiento de Albacete. Esta declaración conmemora el Día Nacional de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de mayo. El objetivo es reafirmar el compromiso de la institución con este colectivo y promover políticas desde un enfoque centrado en los derechos humanos.
De igual manera, se motiva a fomentar políticas públicas en el ámbito de la vivienda que aseguren el derecho de las personas con discapacidad y de las personas mayores a contar con una vivienda digna, accesible y ajustada a sus requerimientos.
Asimismo, se pide que se colabore en la lucha contra la discriminación laboral hacia las personas con discapacidad, asegurando que tengan las mismas oportunidades que el resto de la población para su desarrollo tanto profesional como personal. Es fundamental cumplir con la reserva de plazas de empleo público destinada a este grupo, tal como lo establece la ley, y llevar a cabo iniciativas que fomenten su contratación en el ámbito empresarial.
La FEMP exhorta a los gobiernos locales a continuar sus esfuerzos para asegurar la accesibilidad universal, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la plena inclusión de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida social, económica y cultural de nuestras ciudades y municipios.
Asimismo, se insta a las entidades locales a fomentar la participación activa de las personas con discapacidad en los procesos de toma de decisiones que influyen en su vida y en su comunidad. Esto incluye asegurar su representación en los órganos de consulta y en el desarrollo de políticas públicas que afecten su bienestar, lo que refuerza el principio de autonomía y autodeterminación.
Se solicita, además, a las entidades locales que realicen inversiones en entornos accesibles y en la creación de soluciones innovadoras que promuevan la autonomía de las personas con discapacidad. Asimismo, se les insta a adherirse a los principios rectores y a las disposiciones estipuladas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La construcción de una sociedad más inclusiva y justa para todas las personas solo puede lograrse a través de la acción local. En este contexto, la diversidad debe ser valorada y reconocida, permitiendo que cada individuo tenga la oportunidad de vivir con autonomía, igualdad y dignidad.
En 2007, se ratificó este tratado en España, y el 3 de mayo de 2008, su contenido fue incorporado al ordenamiento jurídico. Desde ese momento, ha representado un progreso notable en la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Entre los logros más destacados se encuentran la integración en el sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, el reconocimiento de la discapacidad como una cuestión relacionada con los derechos fundamentales, y el establecimiento de un marco legal que puede ser exigido.
La conmemoración de esta fecha tiene como objetivo sensibilizar acerca de la relevancia de respetar los tratados internacionales de d derechos humanos que España ha ratificado. Además, se pretende destacar el papel fundamental de la Convención, que actúa como una referencia esencial en la formulación de políticas públicas y en las reformas legislativas relacionadas con la discapacidad.
Los principios fundamentales que sustentan la Convención incluyen la dignidad, la autonomía, la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la accesibilidad y la participación inclusiva. Asimismo, se fomenta el respeto a la identidad, la igualdad de género y el desarrollo de la infancia con discapacidad. Estos principios deben ser aplicados de manera transversal en la defensa y garantía de los derechos que están reconocidos en el tratado.
Un avance notable en este ámbito ha sido la modificación del artículo 49 de la Constitución Española, que ahora se encuentra en consonancia con los principios de la Convención. Tanto el tratado como esta reforma persiguen un objetivo común: asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus d derechos humanos, eliminando obstáculos y promoviendo su inclusión efectiva y real en la sociedad.
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