García-Page celebra la admisión de su recurso ante el Tribunal Constitucional sobre el impuesto a la banca

El Gobierno de García-Page ha manifestado su “gran satisfacción” tras la admisión del recurso que el propio Ejecutivo regional presentó ante el Tribunal Constitucional, relacionado con la distribución de la recaudación del impuesto a la banca. Durante una rueda de prensa, Esther Padilla, portavoz del Gobierno, declaró que este acontecimiento representa “un paso más para darnos la razón” en un tema que, como enfatizó, “es de justicia y responde al principio de Igualdad, consagrado en la Constitución Española”.

La consejera también subrayó que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha se fundamenta en un informe “muy contundente” emitido por el Consejo Consultivo, que cuestionaba tanto los aspectos formales como sustanciales del reparto establecido en dicha ley. Al respecto, resaltó que cuando se establece un impuesto que implica una distribución entre las comunidades autónomas, “debe hacerse en función de las necesidades y de la capacidad de cada uno”. Sin embargo, criticó que “pactaron dar más a quien más tiene”, lo cual va en contra del principio de Igualdad, “que siempre hemos defendido por encima de todo”. Por esta razón, celebró que el Tribunal Constitucional haya priorizado “el sentido común y lo que consagra la Constitución española”.

En otro ámbito, Padilla proporcionó detalles sobre los sectores afectados por los aranceles anunciados por el presidente estadounidense Donald Trump. En este contexto, comunicó que 130 millones de euros de los 348 millones que impactaron las exportaciones de empresas de Castilla-La Mancha hacia Estados Unidos en 2024 corresponden al sector agroalimentario. El sector lácteo es el más perjudicado, reveló Padilla, destacando que el queso manchego tiene un peso “importante”; estos tributos afectarían un total de 77,4 millones de euros.

• Pérdidas superiores a 51 millones de euros mencionó respecto al sector industrial y maquinaria;
• 30 millones tendría el impacto en el sector del calzado;
• 25 millones se verán afectados en grasas y aceites;
• 23 millones, siendo 19 millones del vino, sufrirán las bebidas producidas en Castilla-La Mancha.

Padilla enfatizó que la guerra arancelaria “no afecta a quienes la imponen”, ni tampoco “a quienes apoyan esos aranceles”, sino que repercute directamente en los sectores productivos y en los trabajadores de Castilla-La Mancha. La portavoz del Gobierno regional subrayó la necesidad urgente de buscar soluciones y alternativas para mitigar el impacto negativo de estas medidas sobre la economía local.

A su vez, instó a las autoridades nacionales e internacionales a considerar las consecuencias que estos aranceles tienen sobre las pequeñas y medianas empresas, esenciales para el desarrollo económico de la región. Aseguró que el Gobierno de García-Page está comprometido a defender los intereses de Castilla-La Mancha, trabajando junto con los sectores afectados para encontrar vías que permitan minimizar los efectos adversos de esta situación.

Finalmente, Padilla concluyó su intervención reafirmando la importancia crucial de la unidad entre las comunidades autónomas y el Gobierno central para enfrentar desafíos como este. Destacó que solo mediante un trabajo conjunto se podrán superar las adversidades económicas derivadas por decisiones políticas externas.