El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa la contratación pública como motor de desarrollo e inclusión social

El compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con la contratación pública se ha fortalecido, reconociendo su función como un motor esencial para el desarrollo y la inclusión social. Además, se ha destacado el papel significativo que esta práctica tiene en el avance y el bienestar de la sociedad.

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La jornada sobre compra pública responsable: Mecanismos legales y buenas prácticas para la inclusión sociolaboral, organizada por la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de Castilla-La Mancha (FEACEM CLM), se inauguró en Toledo por la secretaria general de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Macarena Sáiz. En su intervención, destacó:

“Mecanismos legales y buenas prácticas para la inclusión sociolaboral”.

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En este contexto, Sáiz ha destacado que la Administración regional en Castilla-La Mancha actúa como el motor económico principal. Su capacidad de contratación se considera su combustible fundamental, y además, representa el 25 por ciento del PIB autonómico, lo cual tiene un gran impacto en la generación de riqueza y empleo.

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Respecto a la relevancia de la contratación, Sáiz ha señalado que la evidencia más clara radica en la canalización de los fondos MRR mediante contratos. Estos están siendo fundamentales para mitigar los efectos de la pandemia y de la crisis de precios provocada por la invasión de Ucrania. En sus propias palabras, ha afirmado que “la contratación siempre ha servido para potenciar e impulsar la economía y como instrumento para impulsar y apoyar otras políticas públicas, que es lo que nos lleva a la contratación estratégica”.

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En este contexto, la secretaria general ha señalado que esta contratación, considerada como estratégica o responsable, se define como “la adquisición de obras, bienes y servicios para otros fines”. No se trata únicamente de obtener esos bienes y servicios al mejor precio, como se había hecho tradicionalmente bajo normativas anteriores. Más bien, “se va a utilizar esa compra para, colateralmente, atender a otros objetivos secundarios, en cuanto a que no es el objetivo fundamental de atender las necesidades de la Administración”; es decir, “satisfacer o apoyar otras políticas públicas a través de la contratación”.

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Se ha destacado que “toda la contratación es estratégica” y debe ser utilizada para abordar de manera más efectiva los nuevos desafíos económicos y sociales. Además, se considera un instrumento fundamental para llevar a cabo las políticas tanto a nivel europeo como nacional en áreas como lo social, lo medioambiental, la innovación, el desarrollo, la promoción de las pymes y la defensa de la competencia.

Fomento del empleo inclusivo mediante la contratación pública

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En su discurso, la responsable de la Secretaría General subrayó que la contratación no debe considerarse un objetivo en sí mismo, sino más bien una potestad que sirve a otros fines de interés general. La inserción laboral de las personas con discapacidad o aquellas en riesgo de exclusión social, así como la protección de los derechos sociales, son aspectos fundamentales y no meramente secundarios; estos forman parte integral de la economía. Además, hizo hincapié en la necesidad de extender esta perspectiva estratégica al propio sistema de contratación.

En la ley de presupuestos de 2016 en Castilla-La Mancha, se introdujo por primera vez la obligación de reservar un porcentaje en los procedimientos de adjudicación de contratos para servicios y suministros a centros especiales de empleo y empresas de inserción. Este porcentaje inicial fue del seis por ciento, el cual se incrementó al ocho por ciento en 2018. Posteriormente, en 2020, se elevó al diez por ciento, posicionando a esta región como una de las primeras en alcanzar tal nivel de compromiso, junto a Castilla y León.

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Nuevo decreto de Contratación Pública que introduce medidas innovadoras

Desde el año 2016, un total de 15 millones de euros ha sido asignado a contratos públicos que benefician a estos centros especiales de empleo y empresas de inserción. Estos fondos se han concentrado principalmente en sectores como la limpieza de edificios, el mantenimiento de zonas verdes, la lavandería, la restauración y los servicios auxiliares. Además, en el año 2024, la Junta ha otorgado un total de 52 contratos, que suman un importe de 3,3 millones de euros, con la meta de continuar incrementando estas cifras en los años venideros.

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Con el propósito de continuar progresando en esta dirección, la secretaria general ha señalado que, antes de que termine el año, el Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará un nuevo decreto sobre Contratación Pública. Este decreto incluirá, por primera vez, un capítulo dedicado exclusivamente a la contratación reservada, siguiendo las recomendaciones de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) de España. El objetivo principal es mejorar tanto la planificación como la participación de los centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas de inserción en los contratos públicos del sector público regional.

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En la jornada, estuvieron presentes diversas personalidades del ámbito social y económico. Entre ellos se encontraban Ana Maria Carmona, quien ocupa el cargo de directora general de Autónomos, Trabajo y Economía Social; Maximiliano Muñoz, delegado provincial de Bienestar Social en Toledo; Marisol Illescas, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Toledo; Pedro Sáez Cruz, presidente de FEACEM-CLM; Cristina Gómez Palomo, presidenta de CERMI CLM; Daniel Aníbal Cruz, presidente de FEACEM; y Rafael López García, presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas de Inserción (FAEDEI).

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