El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha declarado nulo el Reglamento de Caza aprobado en 2022, tras un recurso de Ecologistas en Acción. La sentencia destaca la falta de informes necesarios y critica al Gobierno regional por su falta de respeto a la legalidad y a la participación social en normativas ambientales.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha determinado que el Reglamento de Caza de Castilla-La Mancha, que fue aprobado mediante el Decreto 15/2022 del 1 de marzo, es nulo. Esta decisión se ha tomado después de considerar un recurso contencioso-administrativo presentado por Ecologistas en Acción.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo número 1 del Alto Tribunal, según la sentencia publicada por Europa Press, considera que se produjo una "omisión del informe preceptivo del Consejo Regional de Caza" y un "defectuoso cumplimiento del procedimiento" en la aprobación del Decreto, el cual estuvo "arrastrado por la ausencia del informe" de este mismo Consejo.
En un comunicado, Miguel Ángel Hernández, quien es el representante de Ecologistas en Acción en C Castilla-La Mancha, opina que la sentencia "demuestra el poco respeto a la legalidad que el Gobierno regional expresa en la tramitación de normas de gran calado y el escaso aprecio que le merecen los órganos de participación".
El objetivo del Gobierno regional con el Reglamento de Caza ha sido favorecer al lobby cinegético, mientras que cambios importantes, negociados en secreto, han sido ocultados al público. Estos cambios han resultado en un aumento considerable de los impactos de la caza sobre el medio ambiente en Castilla-La Mancha.
Después de esta sentencia, Ecologistas en Acción denuncia que el Gobierno regional ha estado implementando procedimientos "ilegales y antidemocráticos" en la aprobación de normas que impactan tanto al medio ambiente como a la ciudadanía en general.
La organización ecologista enfatiza la importancia de la participación social en el proceso de aprobación de diversas normativas. Por esta razón, hace un llamado al Gobierno regional, y en particular a la Consejería de Desarrollo Sostenible, para que se involucre abiertamente en la elaboración de estas regulaciones, considerando a todas las partes interesadas y no únicamente a aquellos con intereses económicos.
Asimismo, se exige que "no se hagan oídos sordos a las críticas y a las alegaciones que se presentan", y se indica que si se prestara atención a estas, las normativas aprobadas mejorarían de manera significativa, disminuyendo los conflictos judiciales.
Si (
No(
