La Policía Nacional de Albacete ha desmantelado una trama de fraude en la obtención y alteración de terrenos, liderada por un funcionario público. Se han detenido a varias personas, incluyendo al funcionario por cohecho y prevaricación, mientras se investiga a otros por usurpación y estafa.
En Albacete, una trama ha sido descubierta por la Policía Nacional, la cual se dedicaba a obtener terrenos de forma fraudulenta y a alterar su valor catastral. Esta actividad ilícita fue facilitada por la condición de funcionario público de uno de los miembros involucrados.
La Policía Nacional ha comunicado en un informe de prensa que la investigación, que se llevó a cabo durante más de un año, ha concluido con la detención de un funcionario. Este individuo es considerado el presunto autor de delitos como la prevaricación y el cohecho. Además, una mujer ha sido arrestada bajo la sospecha de ser autora de delitos relacionados con el tráfico de influencias, la usurpación y la estafa. Por otro lado, hay tres personas más que están siendo investigadas por los mismos delitos de usurpación y estafa.
La Delegación de Economía y Hacienda, tras estos acontecimientos, procedió a la apertura inmediata de un expediente disciplinario en relación con el funcionario público. Desde ese instante, se estableció una estrecha colaboración con la Policía Nacional para avanzar en la investigación sobre esta persona.
Hace más de un año, una ciudadana de Albacete se presentó en la Comisaría de la Policía Nacional de la localidad para informar que individuos no autorizados habían cercado un terreno que le pertenecía.
Las gestiones iniciales condujeron a los agentes hacia la nueva titular de la propiedad. Se reveló que un funcionario de la Delegación de Economía y Hacienda de Albacete había sido el responsable de adjudicarle el terreno, tras haber modificado los datos de inscripción catastral del inmueble.
Se encontraron 50 expedientes fraudulentos.
A partir de ese instante, se llevó a cabo un análisis detallado por parte de los investigadores sobre todas las acciones realizadas por este funcionario. Durante esta revisión, se reveló que había estado involucrado de manera exclusiva en la gestión de varios expedientes que despertaban sospechas. Este hecho resultaba notable, dado que su posición laboral no guardaba relación con la ejecución de dichos trámites.
Se logró identificar que no solo había cometido irregularidades en esa ocasión, sino que lo hizo en múltiples ocasiones, beneficiando así a un reducido grupo de individuos, todos ellos conectados entre sí y algunos con antecedentes por tráfico de drogas.
En diversas ocasiones, se observó que el valor catastral de ciertos inmuebles era alterado, lo que resultaba en una disminución injustificada. Esta acción tenía como objetivo provocar una reducción del Impuesto correspondiente, beneficiando nuevamente a los mismos propietarios de las viviendas.
En muchos de los expedientes catastrales en los que participé, se habían elegido terrenos rústicos que podrían ser urbanizables en el futuro. La titularidad de estos terrenos era incierta y cuestionable. Posteriormente, la propiedad se adjudicaba a otros miembros de la trama basándose en una supuesta herencia, sin presentar documentación que respaldara esta afirmación ni cumplir con ningún plazo establecido. Todo este proceso se llevaba a cabo con gran rapidez para evitar la detección del engaño.
COHECHO, PREVARICACIÓN, TRÁFICO DE INFLUENCIAS, USURPACIÓN Y ESTAFA
Estos delitos son serios y afectan la integridad de las instituciones. El cohecho, por ejemplo, se refiere a la acción de ofrecer o recibir un soborno para obtener un beneficio indebido. La prevaricación implica que un funcionario actúe en contra de la ley, perjudicando así el interés público.
El tráfico de influencias se produce cuando una persona utiliza su posición o contactos para influir en decisiones de autoridades, mientras que la usurpación consiste en apoderarse de algo que no le pertenece, como puede ser un cargo o una propiedad. Por último, la estafa es el acto de engañar a alguien con el fin de obtener un beneficio económico.
Cada uno de estos delitos tiene consecuencias graves tanto para los individuos involucrados como para la sociedad en general.
La detención de este funcionario, acusado de cometer los delitos de cohecho y prevaricación, marcó el cierre de la investigación. Este individuo ya había sido apartado de sus funciones debido al expediente disciplinario que se le estaba gestionando en la Delegación de Economía y Hacienda.
Asimismo, la principal beneficiada fue arrestada bajo la sospecha de ser la autora de los delitos de tráfico de influencias, usurpación y estafa. Por otro lado, los otros tres individuos que están siendo investigados en esta misma operación son considerados presuntos responsables de los delitos de usurpación y estafa.
Los expedientes elaborados por este funcionario quedaron en un estado de paralización, y la autoridad judicial fue informada de toda esta situación.