La Audiencia Provincial de Cuenca juzgará a A.M.T., un repartidor acusado de atentar contra la libertad sexual de una asistenta en 2021. La Fiscalía pide tres años y tres meses de prisión, inhabilitación para trabajar con menores y una indemnización de 29.000 euros por el daño psicológico causado a la víctima.
Este miércoles, la Audiencia Provincial de Cuenca llevará a cabo el juicio contra A.M.T., un repartidor que se enfrenta a una condena de tres años y tres meses de prisión. Este individuo está acusado de atentar contra la libertad sexual y la integridad moral de una asistenta en una vivienda a la que había ido para realizar la entrega de un paquete.
Según el informe provisional de la Fiscalía, al que tuvo acceso Europa Press, los acontecimientos sucedieron el 27 de enero de 2021. El acusado, un empleado de una empresa de reparto, se presentó en la vivienda donde la víctima trabajaba como asistenta. La conocía debido a entregas previas de paquetes en esa misma casa. A.M.T., con la intención de retrasar deliberadamente la entrega del paquete, aprovechó que ella estaba sola en el domicilio y se acercó a ella "como si un mero objeto sexual se tratara y con un ánimo manifiestamente libidinoso".
Mientras insistía en su propuesta sexual, el acusado logró franquear la puerta del domicilio. La perjudicada, para echarlo de la vivienda, le propinó un empujón y luego cerró la puerta.
Después de comentarle que era muy atractiva, él sugirió tener relaciones sexuales empleando la frase "vamos a echar un polvo". A pesar de la clara negativa de ella, su comportamiento no cambió. La Fiscalía señala que ella se sentía "tremendamente humillada y asustada por la situación en la que se encontraba".
Se ha determinado que la perjudicada presenta una incapacidad permanente total para desempeñar su profesión habitual, además de haber requerido tratamiento médico debido al estrés postraumático.
Los acontecimientos descritos se consideran como un delito que atenta contra la libertad sexual, tal como lo estipulan los artículos 178, 191 y 192 del Código Penal, en su versión más benigna para el acusado. Además, de manera subsidiaria, estos hechos también pueden ser calificados como un delito que vulnera la integridad moral, conforme al artículo 173 del mismo cuerpo legal.
El texto expone que la víctima ha experimentado una serie de consecuencias graves debido a lo ocurrido, incluyendo el desarrollo de depresión severa, un trastorno ansioso depresivo y un trastorno por estrés postraumático. Entre los síntomas que presenta se encuentran la reexperimentación persistente, problemas para conciliar el sueño, irritabilidad o episodios de ira, así como dificultades para concentrarse y un estado de hipervigilancia. Adicionalmente, ha perdido su empleo debido a la imposibilidad de regresar al mismo ambiente en el que ocurrieron los eventos traumáticos.
La Fiscalía solicita que se impongan al acusado diez y tres meses de prisión: dos años por el primer delito y un año y tres meses por el segundo. Además, se pide una inhabilitación de siete años para desempeñar profesiones que impliquen contacto con menores de edad, así como libertad vigilada durante el mismo período. También se requiere la prohibición de acercarse a la víctima y de comunicarse con ella.
Asimismo, se solicita una indemnización para la víctima, que podría llegar a un total de 29.000 euros debido a las lesiones psíquicas y las secuelas sufridas.
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