Aunque en este enlace puede consultarse el texto completo de la Ley Whistleblowing o reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, vamos a resumir para el lector las nuevas obligaciones que esta ley impone a las empresas.
Whistleblowing: ¿y eso qué es?
“Whistleblower” es un término inglés de difícil pronunciación para los hispanohablantes y que coloquialmente puede traducirse al castellano como “soplón” o “chivato”.
En consecuencia, “whistleblowing” es, literalmente, la acción de chivarse. La traducción formal del término, según los diccionarios de inglés, es el acto de denunciar irregularidades.
En el caso concreto de la Ley Whistleblowing, nos encontramos ante un paquete de normas cuya finalidad es proteger a quienes denuncien ante la administración las irregularidades e incluso las actuaciones delictivas cometidas en empresas, organismos públicos y otras entidades, como puedan ser sindicatos, organizaciones privadas o asociaciones.
¿A quiénes protege esta ley?
A cualquier informante. Se considera informante a la persona que pone en conocimiento de las autoridades los comportamientos mencionados en el apartado anterior.
Entre los informantes están incluidos:
Todos los empleados públicos
Los empleados de las empresas y otros organismos, incluyendo a los que están en periodo de formación
Los accionistas, socios y miembros de los órganos de administración y dirección de las empresas y organismos
Los becarios
Los voluntarios
Las personas que hayan tenido relación laboral o estatutaria con la empresa o que vayan a tenerla en el futuro
Terceras personas que tengan cualquier tipo de relación con el informante o con la empresa
¿Qué empresas y organismos están obligados a cumplir con la ley derivada de la directiva Whistleblowing?
La ley es de obligado cumplimiento para:
Empresas y personas físicas y jurídicas con 50 o más empleados
Fundaciones, patronales, sindicatos y partidos políticos, siempre que gestionen o se beneficien de fondos públicos
Todas las entidades y organismos pertenecientes al sector público
El canal de denuncias o canal ético, la piedra angular del sistema de protección al informante
Según esta Ley, para proteger a los informantes de anomalías o irregularidades, es imprescindible implantar internamente un canal ético de denuncias.
El sistema debe permitir presentar tanto denuncias anónimas como nominativas y ha de estar regido por un responsable del sistema, que puede ser una persona o un órgano colegiado.
¿Y como implementarlo y gestionarlo? La implantación y la gestión del canal ético puede ser llevada a cabo por la propia empresa o por una firma especializada en sistemas de gestión y protección de datos.
En este sentido, una de las empresas más reconocidas del sector de la protección de datos es PRODAT. Los responsables de esta firma nos comentan que el sistema implantado debe garantizar la confidencialidad de la identidad de los posibles informantes, así como la protección de sus datos personales.
Además, el sistema de gestión del canal ético ha de ofrecer esas mismas garantías a las personas denunciadas o afectadas por las informaciones aportadas por los informantes.
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