Según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron en enero de 2014, cuando L.M.S. contrató los servicios profesionales como letrado del acusado, E.A.J., con despacho en la localidad de Tomelloso.
El acusado describió el servicio profesional contratado en la hoja de encargo como "defensa letrada en todos sus intereses personales, y especialmente el proceso judicial y su defensa ante el INSS en relación a la valoración de los daños y secuelas, tramitación de la correspondiente invalidez, de ser pertinente y ante Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA en relación con el accidente de circulación (atropellamiento) que tuvo lugar el día 6 de julio de 2012", fecha en la que L.M.S. pagó al acusado en efectivo, cantidad en la que se incluirían honorarios a favor del encausado.
Posteriormente, E.A.J. pidió, en 2014, diversas cantidades de dinero en diferentes conceptos. Durante este tiempo, el acusado no realizó ninguna actuación profesional en defensa de L.M.S. Así, en noviembre de 2015, L.M.S. comunicó al acusado que no quería seguir contando con sus servicios profesionales y le efectuó un requerimiento para que le aportase toda la documentación relativa a su asunto, atendiendo tal requerimiento el acusado y entregando la documentación el 7 de junio de 2016 y comprometiéndose a devolverle el dinero entregado.
En dicha documentación sólo figuraba la documentación que le había aportado L.M.S., sin que hubiese ningún documento que reflejase que él mismo hubiera realizado actuación profesional alguna en defensa de los intereses que L.M.S. le encomendó.
Tras estos hechos, el acusado no ha devuelto a L.M.S. el dinero recibido, que asciende a la suma total de 13.544 euros, reclamando la perjudicada la indemnización que le corresponda.
Por estos hechos, la Fiscalía pide 2 años y 6 meses de prisión y la indemnización a L.M.S de de 13.544 euros por las cantidades apropiadas, así como en la cantidad de 153.100,03 euros por el perjuicio ocasionado al no haber reclamado dicha cantidad.