Los hechos se remontan al pasado día 22 de Febrero de 2022, cuando la Organización GREFA (Grupo de Recuperación de Fauna Autóctona y su Hábitat) notificó que el sistema de geolocalización implantado en un ejemplar de águila imperial no registraba movimiento, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.
Tras activar una batida encaminada a su localización, durante la mañana del día 23 de febrero, Agentes Medioambientales de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha hallan su cadáver en el interior de un coto del término municipal de Villalgordo del Marquesado.
Al ser realizado un estudio anatomopatológico y localizar unos microgránulos de color oscuro en su organismo, se determinó como posible causa de la muerte la ingestión de cebos impregnados de un fitosanitario cuya comercialización se encuentra prohibida desde el año 2007 por su elevada toxicidad, siendo el más usado como veneno con fines cinegéticos.
Se activó un dispositivo de búsqueda por el Coordinador Provincial del Plan Regional de lucha contra el uso ilegal de venenos en el medio natural, en el que también participó la Unidad Canina del Cuerpo de Agentes Medioambientales especializada en búsqueda de veneno, que permitió la localización los cadáveres de otras dos águilas imperiales, dos milanos reales y una urraca, todos ellos, dentro del término municipal de Villalgordo del Marquesado.
El informe toxicológico determinó la presencia en el organismo de todas las aves del fitosanitario prohibido.
Tras estos hallazgos, se inició una investigación, donde participaron efectivos del Equipo del Seprona de Cuenca, las Patrullas del Seprona de San Clemente y Cuenca, la Unidad Canina del Servicio Cinológico de la Guardia Civil y Agentes Medioambientales de la provincia de Cuenca, encaminada a recopilar la información necesaria que permitiese determinar las causas que concurrieron en los referidos hechos.
La Unidad cinológica de la Guardia Civil especializada en la detección de este tipo de tóxicos, pudo hallar en una caseta restos de la sustancia venenosa ocultos.
PERSONA SOSPECHOSA
Desde las primeras averiguaciones, la principal línea de investigación apuntaba a que la ejecución material de los hechos pudiera recaer en una persona sobre la que existe una sentencia condenatoria por la muerte masiva de rapaces, que le inhabilita para el ejercicio de profesión u oficio y para el ejercicio del derecho a cazar.
La Fuerza Actuante, en base a las pesquisas realizadas, considera que el referido material probatorio determinaría la implicación de un guarda y los cazadores de los terrenos cinegéticos pudieran estar relacionados con la muerte de las cinco especímenes catalogadas en peligro de extinción.
Quedaría acreditado igualmente que para la caza de dichas especies, habrían utilizado procedimientos masivos o no selectivos para fauna, motivo por el que se procedió a la detención de estas seis personas, de edades comprendidas entre los 50 y 62 años de edad, como autores de un delito contra la flora y fauna y otro de asociación ilícita.
Además, la persona sospechosa de ser el autor material del envenenamiento habría incurrido en un quebrantamiento de condena, ya que debido a su anterior delito no podía ejercer funciones vinculadas con la actividad cinegética.
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