Así lo pone de manifiesto un estudio realizado por Pipper on Tour con cifras oficiales, que revelan que la mayoría de ciudades (31) no puso más de diez sanciones en todo el año y ocho de los ayuntamientos no registraron una sola denuncia (Albacete, Cuenca, Jaén, Lugo, Pontevedra, Tarragona, Teruel y Zamora). Paradójico lo de Albacete y algún ayuntamiento más, tiene las multas más altas pero no pone ninguna sanción. Difícil de entender.
Piper on Tour advierte de que esta "laxitud municipal" en el control de los excrementos genera "descontento" entre los vecinos que tienen perro, ya que "la mayoría cumple con la recogida de los excrementos y ve que la suciedad da una imagen errónea de las mascotas".
Además, subraya que cuando se pregunta a los ciudadanos por la limpieza de las calles, los ayuntamientos "siguen suspendiendo en lo que al rastro de cacas de perros se refiere", con una nota media de 3,6 sobre 10, tal y como refleja el estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en 2019 sobre este tema.
Dicho estudio constata que los excrementos caninos "son el factor más influyente en la impresión que tienen los vecinos sobre el grado de suciedad de las calles".
Pipper on Tour ha preguntado a los ayuntamientos de las 50 capitales por las multas impuestas en 2019 y no 2020 al ser este un año especial debido a la pandemia de coronavirus. Respondieron el 94 por ciento de los consistorios (47), que impusieron una media de 21 sanciones.
MÁLAGA Y HUELVA, LAS QUE MÁS MULTAN
Las únicas dos ciudades que destacan por haber realizado un esfuerzo sancionador son Málaga (262 multas) y Huelva (245). El resto oscila entre 0 y 80 multas, pero hay que resaltar que la mayoría (31 ciudades) no impusieron más de diez en todo el año o directamente no sancionaron a nadie.
Por otro lado, algunas ciudades han comenzado en los últimos años a sancionar también cuando el perro orina donde no debe, como Almería, que en 2019 impuso otras 18 multas por esta cuestión o Cádiz (27 denuncias).
La mayor parte de las ordenanzas de las capitales de provincia contemplan sanciones leves para quienes se saltan la norma de recoger los excrementos, con multas que oscilan entre los 60 y los 600 euros, con algunas excepciones como Madrid, donde la norma es algo más dura, con multas de entre 750 y 1.500 euros.
De todos los ayuntamientos de capitales de provincia, el estudio destaca que seis contemplan en sus ordenanzas sanciones por encima de los 500 euros para los dueños de perros que no recojan los excrementos, y las multas no superan en ningún caso los 1.500 euros (Albacete, Badajoz, Cuenca, Gerona, Huelva, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife).
Los responsables de los departamentos de seguridad y medio ambiente de los ayuntamientos consultados por Pipper on Tour "se lamentan de que no pueden poner un agente de Policía en cada esquina y, mucho menos, pillar 'in fraganti' a los infractores", por lo que estos casi siempre quedan impunes de su falta.
El estudio resalta que Málaga es la única capital de provincia que tiene un sistema que le permite sancionar sin necesidad de sorprender al sujeto en el momento de vulnerar la norma (también lo tienen activo otras 26 pequeñas localidades españolas).
Allí, todos los vecinos están obligados a registrar el ADN de su perro en el veterinario, lo que permite al ayuntamiento recoger muestras de excrementos abandonados, analizar su huella genética y multar a los responsables. De las 262 multas impuestas por Málaga en 2019, 74 se tramitaron gracias al censo de ADN, que está en proceso de implantación.
Zaragoza también está creando un censo de ADN, pero aún no ha comenzado a usarlo para sancionar; y Tarragona, que no impuso ninguna multa por abandono de heces en 2019, reguló el censo pero no lo ha desarrollado.
Por su parte, Huelva atribuye sus 245 multas a dos campañas puntuales que realizó en 2019 tras auditar las zonas de la ciudad más afectadas por la suciedad. En ellas desplegó agentes de paisano para sancionar a los infractores.
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