Publicada la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha que entrará en vigor en tres meses

y con la que la región dispondrá en esta materia de un marco regulatorio más completo, totalmente renovado, adaptado a las circunstancias actuales y acorde a la legislación básica del Estado.

La nueva Ley, aprobada por unanimidad el pasado día 5 de noviembre en las Cortes de Castilla-La Mancha, tiene como objetivo que la Administración regional cuente con el respaldo normativo adecuado para llevar a cabo una gestión patrimonial acorde con una administración pública del siglo XXI.

Con 138 artículos, que se dividen en siete títulos, la nueva Ley de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es una de las legislaciones más avanzadas y novedosas a nivel nacional en la materia.

Cabe destacar la necesidad de aprobar esta nueva legislación patrimonial, dado que la normativa en vigor en la materia cuenta con 35 años de antigüedad y desde entonces la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha incrementado considerablemente sus competencias y ha modificado sustancialmente su estructura institucional, competencial y organizativa. Además, la normativa patrimonial y de carácter administrativo a nivel estatal ha evolucionado de forma importante, por lo que convenía adaptar la legislación autonómica.

Otros de los objetivos de la nueva Ley son incorporar las prerrogativas y facultades administrativas en materia patrimonial, así como nuevos contenidos y figuras jurídicas esenciales para la gestión patrimonial actual y establecer una regulación completa y actualizada del régimen jurídico de los negocios jurídicos patrimoniales, tanto de adquisición como de enajenación, prácticamente inexistentes en la legislación actual.

Igualmente, esta Ley regula en su totalidad la utilización, planificación y coordinación de los edificios de uso administrativo institucional de la Junta de Comunidades; acomete una regulación más completa, unitaria y actualizada del patrimonio empresarial de la Comunidad Autónoma, con especial atención a las empresas públicas, y fomenta la publicidad y la transparencia de la gestión patrimonial, haciendo públicas aquellas actuaciones administrativas de cierta relevancia para la sociedad.