Estos son los datos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) de los que se ha valido el Gobierno para responder al diputado socialista por Córdoba Antonio Hurtado Zurera, quien se interesó por este tipo de delito.
Según el informe de ADIF, que aporta el Ejecutivo en su respuesta, desde 2014 y hasta abril de este año se han producido 2.561 robos de conductores eléctricos, tanto en los servicios ferroviarios generales como en los de alta velocidad.
De la respuesta parlamentaria también se desprende que las comunidades autónomas con mayor número de robos de cobre, aluminio y fibra óptica en el periodo analizado son Cataluña, con un total de 890 sustracciones; Andalucía, con 323; la Comunidad Valenciana, con 210; y Castilla-la Mancha, con 200.
Mientras, las regiones donde se ha producido un menor número de saqueos de estos materiales son La Rioja, con cuatro; Navarra, con ocho; Cantabria, con 32, y Murcia, con 34 sustracciones.
Por provincias, es Barcelona la provincia con mayor cantidad de saqueos de materiales conductores eléctricos, con un total de 495 sustracciones en el período comprendido entre 2014 y abril de 2018.
En la Comunidad de Madrid, los hurtos de conductores eléctricos ascendieron a 121 durante los últimos cinco años, señala el informe.
Sin embargo, el número de robos ha disminuido progresivamente con el paso de los años, de acuerdo con el diputado socialista Antonio Hurtado, que afirma que "la repercusión (de los hurtos) en el tráfico de trenes y la cuantía de los mismos se ha reducido de forma significativa por las medidas adoptadas contra este tipo de sustracciones".
No obstante, el parlamentario ha hecho hincapié en que "es necesario seguir poniendo recursos y medios" para la erradicación de los saqueos.
El robo de cobre y otros materiales conductores, que afecta, entre otras cosas, a la electricidad y a la comunicación telefónica, también provoca un deterioro en la calidad del transporte ferroviario.
Por este motivo, los 6.477 trenes afectados, que no han cumplido con sus horarios desde 2014, han provocado un retraso total de 85.305 minutos en trayectos de toda España.
El cobre es un material muy atractivo para robar por su alta rentabilidad, ya que el ladrón vende la tonelada de metal a 1.500 euros, el receptador o "blanqueador" la pone en el mercado legal a 3.000 euros y el distribuidor recibe por ella entre 5.000 y 6.000 euros, según han constado los investigadores de las fuerzas de seguridad.
Una vez que el receptador se ha hecho con el producto, pela y funde el cable para evitar que sea identificado y, a continuación, pasa a manos de un intermediario que muchas veces desconoce su procedencia ilegal.
Este es el proceso por el que el cobre queda "blanqueado" y se envía como un producto "legal", principalmente a Alemania, India y China, el país emergente que consume el 33 por ciento del cobre mundial. Pero es difícil detectar esa compraventa ilegal, ya que el cable no está identificado, por lo que se trabaja en la búsqueda de un ADN del cobre para conocer su procedencia.
Además, las estadísticas señalan que el delito de robo de cobre está poco castigado en el Código Penal, y por ello el 80 por ciento de los detenidos son reincidentes, ya que su sustracción sigue siendo "relativamente sencilla", y eso es algo que preocupa a los investigadores.
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