El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de San Pedro ha asegurado que la corporación municipal anterior del Partido Popular, con el exalcalde a la cabeza, Abelardo Gálvez, actuó “de manera ilegal” en el procedimiento para la redacción de los proyectos del polígono industrial
tras conocerse una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo nº2 de Albacete que condena a pagar al consistorio 35.000 euros a la empresa que los redactó.
El alcalde socialista del Ayuntamiento de San Pedro, Daniel Sancha, ha lamentado que pese a que el equipo de Gobierno anterior hablaba del polígono “incluso publicando un listado de empresas interesadas en instalarse y de los puestos de trabajo que se crearían”, el paso del tiempo “ha puesto a cada uno en su lugar, algo que comprobamos cuando entramos en el Ayuntamiento y vimos que nada se ajustaba a la realidad”. “Lo que se había dicho al respecto era sencillamente mentira”, ha añadido Sancha, quien ha recordado que el gobierno socialista se encontró con reclamaciones de la empresa que redactó los proyectos que han terminado con una sentencia en la que un juzgado condena a pagar los mencionados 35.000 euros.
“Es un alto, alto precio el que tenemos que pagar todos los vecinos, casi 29 euros por cada uno de nosotros que van a tener que salir del presupuesto municipal y que además suponen que no podamos realizar mejoras e inversiones tan necesarias en nuestro pueblo”, ha rechazado el alcalde socialista, para quien la “actitud” de la corporación saliente es “vergonzante, echan balones fuera y ni tan siquiera son capaces de acatar una sentencia que es fruto de su incompetencia”.
Daniel Sancha ha adelantado al respecto que es ahora el momento de “regularizar la situación del polígono, de pagar lo que un juez nos ha condenado y, sobre todo, de ponernos a trabajar para buscar una solución factible y real de dicho proyecto, pero realista y ajustado a la realidad de nuestro municipio”.
El alcalde ha recordado que en el momento de tomar posesión la nueva corporación, una empresa reclamó el pago de unos trabajos de los que no había facturas hasta enero 2016 y que, fueron realizados en 2013 sin la correspondiente partida presupuestaria ni en 2013, ni en 2014, ni en 2015. Tampoco se encontró el procedimiento oportuno de adjudicación.
Por este motivo, la corporación en Pleno decidió rechazar las facturas presentadas y a raíz de ese acuerdo la empresa inició procedimiento judicial contra las resoluciones del pleno reclamando el pago de los trabajos. Ahora, el juez ha dictado sentencia y ha condenado al Ayuntamiento a pagar 35.000 euros a la empresa.
Si (
No(
