Castilla-La Mancha cuenta con 55,5 millones de euros para la contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social

con las que el Ejecutivo del presidente García-Page pretende seguir haciendo descender el número de hogares con todos sus miembros activos en paro, así como el número de parados de larga duración. Para tal fin se ha destinado cerca de 55,5 millones de euros.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha dado cuenta de este programa de ayudas en una rueda de prensa, hoy en el Palacio de Fuensalida, en la que ha explicado que con esta actuación el Ejecutivo autonómico pretende garantizar un empleo a las familias con menos ingresos, activar la búsqueda de empleo de personas desempleadas de larga duración que han agotado sus prestaciones, mejorar su empleabilidad y sus oportunidades futuras de inserción, permitir el acceso al sistema de protección por desempleo y facilitar que los municipios y entidades sin ánimo de lucro mejoren sus servicios y recursos locales.

De los 55,5 millones de euros de la convocatoria, 53,4 se destinan a entidades locales y algo más de dos millones a entidades sin ánimo de lucro. Esta partida podrá beneficiar a alrededor de 11.000 personas desempleadas durante más de un año, de entre 25 y 65 años, que no perciben una prestación por desempleo ni perciben un subsidio por desempleo.

Del mismo modo, podrán ser beneficiarios los menores de 25 y mayores de 65 años cuando tuvieran responsabilidades familiares o si son priorizados por las oficinas de empleo, aquellos que cotizaron como autónomos, al menos dos años, que hayan agotado su prestación por cese de actividad o una prestación por desempleo a nivel contributivo, personas que pertenezcan a familias en las que ningún miembro tenga empleo, personas que hayan estado fuera del mercado de trabajo por haber sido cuidadoras de personas dependientes, personas con discapacidad y mujeres víctimas de la violencia de género.

“Se trata de una nueva apuesta del Gobierno de Emiliano García-Page por el desarrollo de políticas activas de empleo basadas en la colaboración entre administraciones, un aspecto crucial para conseguir el objetivo final, y compartido por todos, de ofrecer empleo a quienes menos oportunidades de acceso tienen, y que ha dado buenos resultados en el Plan Extraordinario por el Empleo 2015-2017”, ha explicado Patricia Franco, al tiempo que ha recordado que la convocatoria del Plan anterior ha beneficiado a más de 52.500 personas, de los que más de 25.000 fueron contratos en ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro.

Las diputaciones provinciales, excepto la de Cuenca que ha vuelto a declinar su participación en esta iniciativa del Gobierno regional, aportarán, en términos generales el 47% del importe de la convocatoria, mientras que la Junta aportará el 53%.

Como ya ocurrió en la pasada convocatoria de 2017 del Plan Extraordinario por el Empleo, el Gobierno de Castilla-La Mancha reserva el 25% de la totalidad de los contratos subvencionados a cada entidad beneficiaria para personas en situación de exclusión social, lo que permitió la contratación de más de 2.200 personas.

Novedades

Una de las principales novedades es la necesidad de que las entidades locales participantes se adhieran al programa, lo que supone el compromiso de contratación de, al menos, el 60% de las personas asignadas con carácter previo, que vienen determinadas en función del porcentaje de paro de larga duración de su municipio.

El Gobierno ha actualizado, además, los importes subvencionables a la subida del salario mínimo interprofesional, a las zonas ITI y a las zonas previstas en la Ley de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias, que reciben un 20% más de ayuda.

Plazos

Una vez se publique en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la convocatoria que hoy se ha aprobado las entidades cuentan con un plazo de 10 días hábiles para realizar la solicitud de forma telemática. La resolución provisional está prevista a primeros de julio y la propuesta de resolución definitiva estará lista antes de que finalice ese mismo mes, si bien las entidades pueden contratar desde el pasado 30 de abril, fecha en la que entró en plazo la Orden de Bases Reguladoras de este programa para 2018.

La titular regional de Economía ha asegurado que con esta nueva convocatoria se pretende seguir haciendo descender el número de hogares con todos sus miembros activos en paro, un dato que en Castilla-La Mancha ha descendido un 22% (17.000 personas) desde el inicio de la legislatura, así como el paro de larga duración, que ha registrado una bajada de un 40% (70.200 desempleados menos) desde que Emiliano García-Page llegó al Gobierno.

Por último, la consejera ha animado a ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro a participar en esta nueva iniciativa que pone en marcha el Ejecutivo autonómico.