Viajaba en el Ave con dirección a Sevilla para participar en la Convención Nacional del Partido Popular bajo el lema Contigo crece España, cuando una periodista me llamó para comentar las reivindicaciones de los miles de damnificados por la plaga de conejos en Castilla-La Mancha, y que el día anterior se manifestaron en Toledo para exigir soluciones eficaces ante los cuantiosos daños que esta especie cinegética está ocasionando en las explotaciones agrarias.
Lo mejor vino cuando esta periodista me sugirió que aliviara la defensa de los agricultores y ganaderos ante las posibles represalias del gobierno regional.
¿Cómo nos vamos a callar ante el mayor enemigo del campo, del medio rural y de la caza? ¿Cómo vamos a consentir que miles de agricultores, ganaderos, cazadores y habitantes del ámbito rural sufran un ataque tan directo a su forma de vida, a sus rentas y a su actividad económica?
La ofensiva de los socialistas a la agricultura y a la caza no es algo nuevo. Lo que sí es nuevo es que la amenaza se ha vuelto más dura tras pactar gobiernos con Podemos, que se declaran abiertamente anti-caza y ecologistas sin piedad.
Aún retumban en mi cabeza las palabras del portavoz de Podemos en Castilla-La Mancha, el Sr. Llorente, ofendiendo a los miles de cazadores a los que definió como “una minoría de la población que se divertía matando, maltratando y masacrando animales silvestres o criados para tal fin”. Y es que la caza para los que ocupan la Vicepresidencia del gobierno en Castilla-La Mancha “no sirve para gestionar la fauna ni para contralar de manera efectiva las superpoblaciones de especies cinegéticas”. Así nos va con la plaga de conejos.
Estas palabras de los socios de gobierno de Page fueron un claro aviso de lo que estaba por llegar con la aprobación de la Ley Anticaza en Castilla-La Mancha. Unas palabras que se dan la mano con el comportamiento de otros socialistas con respecto a la actividad cinegética.
Tal es el caso de la actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona, quien siendo ministra de Medio Ambiente con Rodríguez Zapatero consiguió sacar a la calle a medio millón de cazadores y defensores de la actividad venatoria por las limitaciones que imponía su Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. El ataque a la caza le costó el puesto a la Ministra Narbona.
Lo mismo que puede ocurrirle a Page con la reciente aprobación de su ley anticaza. Una ley que no ha contado con el respaldo de ninguna de las organizaciones de cazadores de la región, que tras dos años de reuniones, fueron traicionados en las últimas 48 horas al incorporar enmiendas de PSOE y Podemos al texto.
Fruto de esta traición, el gobierno de Page y Podemos sacaba adelante una ley que prohíbe los aguardos nocturnos como modalidad de caza y que tan sólo se podrán realizar con carácter excepcional y previa autorización de la autoridad competente. Una prohibición que llevará consigo graves problemas en el control de la superpoblación del jabalí, del corzo y de otras especies cinegéticas que causan graves daños agrícolas, sanitarios y accidentes de tráfico.
Igualmente, la norma cinegética de Page y Podemos prohíbe las modalidades deportivas del tiro al pichón y a la codorniz y recoge las prohibiciones de utilización del calibre 22 y del calibre 17HMR. No menos importante, es la obligación de los cazadores a descargar el arma cuando una persona, distinta a un cazador o a una autoridad, se encuentre a menos de 50 metros. Una medida que ha sido diseñada para facilitar a los anticaza que puedan personarse a reventar monterías y cacerías en el territorio regional.
Además, el texto aprobado por los social-comunistas trata a los cazadores como delincuentes duplicando el régimen sancionador y generando indefensión jurídica, ya que las sanciones se establecerán en función del supuesto beneficio.
La ley de anticaza de Page y Podemos generará también graves problemas a los ayuntamientos, que serán los que tendrán que asumir la recogida de animales asilvestrados que con la nueva normativa deben ser preferentemente capturados.
Por último, cabe subrayar los enredos de este gobierno regional vendiendo el carácter social de la caza, cuando fue el gobierno de Bono el que desmanteló los cotos sociales de la región. Con el presidente Bono, los cotos sociales de caza ascendían a un total de 15 y cuando María Dolores Cospedal llegó al gobierno tan sólo quedaban 3. Esa es la cruda realidad.
Desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha, no logramos entender el tiro intencionado del gobierno de Page y Podemos a la actividad cinegética en nuestra región. Una actividad generadora de empleo y riqueza, sobre todo en las zonas rurales más deprimidas, que cuenta con más de 100.000 licencias y que factura más de 600 millones de euros en la comunidad autónoma.
Una actividad económica de la que dependen cazadores, taxidermistas, hosteleros, artesanos, forestales, seguros, expedición de licencias, veterinarios, gestores de cotos, cetreros, rehaleros…, todo un engranaje socioeconómico que ha sufrido el ataque más directo de un gobierno regional que se ha convertido en el mayor enemigo del campo. ¿Cómo nos vamos a callar? No nos podemos callar.
Por Lola Merino Chacón
Diputada del PP en las Cortes de Castilla La Mancha
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