En el contexto de la Operación 'Rifiuti', se han llevado a cabo detenciones e investigaciones por parte de la Guardia Civil, alcanzando a un total de 15 individuos y siete empresas. Estas entidades están vinculadas a una organización criminal internacional que se dedica al tráfico ilegal de residuos urbanos.
Desde el año 2021, más de 19 millones de euros habrían sido cobrados por las personas investigadas, fondos que provienen de empresas italianas dedicadas al tratamiento de residuos. Estas empresas habrían contratado sus servicios con el fin de eliminar residuos. Se les imputa a estas personas varios delitos, que incluyen la pertenencia a una organización delictiva, así como delitos contra los recursos naturales, el medio ambiente y la falsedad documental.
A pesar de que la gestión de residuos urbanos era responsabilidad de las empresas italianas, estas optaban por enviar su eliminación a España con el fin de reducir costos. Esta práctica habría generado ingresos millonarios, perjudicando así a la hacienda italiana. Se calcula que en los últimos cuatro años, la organización criminal podría haber obtenido más de 19 millones de euros.
Las primeras investigaciones llevaron a la identificación de un grupo de empresas interconectadas, ubicadas en Cataluña y Castilla-La Mancha, que realizaban un comercio significativo con residuos provenientes de Italia. Se constató que numerosos camiones ingresaban a las instalaciones de gestión de residuos bajo el control de la organización; sin embargo, en lugar de ser sometidos a procesos de valorización, los residuos eran desviados directamente hacia vertederos.
A partir del 2021, se estima que las cantidades de residuos urbanos italianos desechados ilegalmente en vertederos españoles habrían superado las 40.000 toneladas anuales.
El inicio de las investigaciones se produjo después de que se identificara la llegada de residuos a España, los cuales podrían tener documentación falsificada y estar destinados a vertederos sin haber recibido un tratamiento adecuado. Cada día, toneladas de residuos urbanos de diversas categorías, incluidos aquellos considerados peligrosos y tóxicos, eran depositadas de manera descontrolada en localidades como Tarragona y Cuenca, provenientes de Italia.
La Guardia Civil ha comunicado que estas actividades violan la legislación vigente y los sistemas de control ambiental. El fundamento de estas normativas se basa en el principio de proximidad, que establece que cada nación debe asumir la responsabilidad de sus propios residuos.
La entrada de este tipo de residuos para su eliminación en vertederos no puede ser admitida por España. Según la Benemética, es responsabilidad de las autoridades italianas gestionar y eliminar los residuos generados en el núcleo urbano.
El proceso implicaba la creación de una cadena de empresas que actuaban como intermediarias entre el productor italiano y el vertedero español. Estas empresas simulaban llevar a cabo diversos tratamientos y operaciones que, en realidad, nunca se realizaban. De esta manera, al menos desde un punto de vista documental, se daba la impresión de que todas las actividades cumplían con la legislación vigente.
Además, esta estrategia aseguraba que la Agencia de Residuos Catalana, que es la autoridad de control en España, pudiera emitir las autorizaciones necesarias sin enfrentar ningún tipo de oposición.
Residuos peligrosos han sido enterrados en Tarragona y Cuenca.
Como resultado, en las provincias de Tarragona y Cuenca, se depositaban a diario toneladas de residuos urbanos de diversas categorías que provenían de Italia. Esto incluía también desechos peligrosos y tóxicos, los cuales podrían ocasionar un daño significativo tanto a los ecosistemas como a la salud de las comunidades cercanas.
En el transcurso de la operación, se llevaron a cabo cinco entradas y registros en las sedes de personas jurídicas ubicadas en Lleida, Constantí, y Riba Roja D'Ebre en Tarragona, así como en Almonacid del Marquesado en Cuenca. Durante estas acciones, se intervino diverso material informático y se realizaron tomas de muestras de los residuos trasladados, lo cual será fundamental para avanzar en el esclarecimiento de los ilícitos.
Se ha dictado una orden por parte de la autoridad judicial para que se proceda al bloqueo de las cuentas bancarias y inmuebles de los investigados, los cuales son parte del patrimonio adquirido a través de actividades ilícitas. Este procedimiento busca asegurar una futura restitución del daño causado.
En mayo de 2021, las prioridades para combatir la delincuencia grave y organizada fueron adoptadas por el Consejo de la Unión Europea durante el ciclo 2022-2025 (EMPACT). Se definieron un total de diez prioridades, entre las cuales se destaca la relacionada con los delitos contra el medio ambiente. El objetivo principal es desmantelar las redes delictivas que participan en diversas formas de delitos ambientales, poniendo especial énfasis en el tráfico de residuos y en la flora y fauna salvajes.
Las redes delictivas y los empresarios que poseen la habilidad de infiltrarse en estructuras empresariales legítimas de alto nivel, o que son capaces de establecer sus propias empresas para facilitar sus actividades ilícitas, también están presentes en este contexto. Este tipo de delincuencia se expande a un ritmo anual que oscila entre el 5% y el 7%, posicionándose como la cuarta actividad criminal más significativa a nivel global, solo detrás del tráfico de drogas, la trata de seres humanos y la falsificación.
El Juzgado de Instrucción nº 4 de Tarragona ha sido el encargado de dirigir la operación, la cual fue llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) perteneciente a la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil. Además, se contó con la colaboración de Europol. También intervinieron unidades de la Guardia Civil en Lleida, Tarragona, y Cuenca.
Para obtener más detalles, pueden comunicarse con la oficina de prensa de la Jefatura del SEPRONA al teléfono 608 25 10 69.