Este miércoles, 6 de noviembre, a las 10:00 horas, la Audiencia Provincial de Toledo llevará a cabo el juicio contra dos individuos, conocidos como R.L.J. y E.V.P., quienes enfrentan acusaciones por la venta y distribución de hachís, cocaína y MDMA desde un hogar y un negocio en Talavera de la Reina.
En el transcurso de los días en que se realizó la vigilancia de los inmuebles, varios intercambios de drogas por dinero fueron observados por los agentes, quienes llegaron a clasificar estas actividades como "un auténtico supermercado de la droga".
De acuerdo con el escrito de acusación del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, los acusados se dedicaban a la distribución de drogas tóxicas, tanto aquellas que provocan un grave daño a la salud como las que no tienen ese efecto, todo ello en virtud de un acuerdo previo y común. "Haciendo esta ocupación su medio de vida".
Las fuerzas del orden, responsables de la represión del tráfico ilegal de estas sustancias, no ignoraron dicha actividad. Según relata el fiscal, los lugares desde donde se realiza la distribución de droga fueron objeto de vigilancia durante los días 19 y 20 de julio de 2022.
Después de haber interceptado a varios compradores, se obtuvo la autorización para realizar un registro y entrada, la cual fue concedida mediante un auto fechado el 26 de julio de 2022. Esta acción se llevó a cabo el 27 de julio de 2022, comenzando a las 08:00 horas. Se realizó la entrada en un domicilio ubicado en la Plaza de la Hispanidad, que pertenece a R.L.J. y E.V.P., así como en un local situado en la Avenida Príncipe Felipe, en la Ciudad de la Cerámica.
Se llevaron a cabo intervenciones en la vivienda, donde se encontraron diversos efectos y sustancias. Entre ellos estaban el cannabis, la resina de cannabis, la cocaína y cinco pastillas de color rosa que presentaban la inscripción Netflix (MDMA), entre otros.
Los hechos mencionados configuran un delito que atenta contra la salud pública, específicamente relacionado con el tráfico de drogas que ocasionan un grave perjuicio a la salud. Por esta razón, el Ministerio Fiscal ha decidido imponer a cada uno de los acusados una pena de nueve años de prisión. Además, se les aplicará una inhabilitación especial para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena, así como una multa de 31.813,67 euros. En caso de no abonar la multa, se establece una responsabilidad subsidiaria de 250 días.