La Audiencia Provincial de Albacete ha refrendado el fallo judicial que obliga a demoler una piscina en el municipio de Pozo Cañada, porque considera su construcción constituye delito contra la ordenación del territorio.
En un auto al que ha tenido acceso Efe, la Audiencia Provincial ha refrendado el fallo del juzgado de lo Penal número 3 de Albacete, que estableció la demolición de la piscina así como un año de prisión para el promotor de la obra, que también deberá abonar una multa de 3.600 euros.
La Audiencia de Albacete ha desestimado el recurso de apelación a la sentencia inicial, aunque cabe un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).
Según la sentencia del juzgado de lo Penal número 3, que se recoge en el auto, en 2015 el acusado comenzó a construir en un paraje de Pozo Cañada una piscina de 98 metros cuadrados de superficie y de 1,8 metros de profundidad, así como una caseta auxiliar de unos 12 metros cuadrados, aunque carecía "de la preceptiva licencia municipal y de proyecto".
El terreno tiene una superficie de unos 900 metros cuadrados clasificados como no urbanizables, en los que no se pueden efectuar construcciones o instalaciones "que no estén vinculadas a explotaciones de naturaleza agrícola, forestal, ganadera, cinegética o análoga", se indica en la sentencia.
Asimismo, se señala que agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil advirtieron al acusado de la posible ilegalidad, y que éste en lugar de decirles que estaba construyendo una piscina argumentó que era una balsa de riego.