Las consecuencias del fuego de Yeste fueron 3.271 hectáreas arrasadas, 745 en el Parque Calares del Mundo. Las Cortes de Castilla-La Mancha veían este jueves un pleno en el que el PP recordó al consejero de Agricultura
que se cometieron errores, evidentemente no reconocidos por la Junta, y que no solo el PP ha echado en cara en este tiempo a la Junta de CLM, también bomberos de la provincia y sobre todo la gente que vive allí y que no entendió nunca como no se pusieron más medios y más rápidos cuando se inició un incendio que todo el mundo veía que era muy grave, o casi todos porque se tomó con calma a la hora de tratarlo.
El incendio forestal originado este verano en la provincia de Albacete arrasó 3.271 hectáreas de los términos municipales de Yeste, Riópar y Molinicos y, del total de superficie quemada, 745 hectáreas están en el Parque Natural Los Calares del Mundo y la Sima, el 3,9 % de todo el parque.
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha aportado en las Cortes regionales los principales datos del incendio de Yeste, que comenzó el 27 de julio, al día siguiente se decretó el nivel 2 -que supuso la intervención de la Unidad Militar de Emergencia (UME)- y se dio por controlado el 4 de agosto.
El consejero ha indicado que, en total, en la extinción del incendio han trabajado 1.211 personas, de ellas 880 del dispositivo del Infocam y 331 personas externas, procedentes de otras comunidades autónomas, como Murcia, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana; el Ministerio de Medio Ambiente y la UME, por lo que ha resaltado la coordinación entre administraciones.
Estos efectivos contaron con 44 medios aéreos y 186 medios terrestres para controlar un incendio que afectó a 3.271 hectáreas, 2.415 de ellas incluidas en el término municipal de Yeste, 789 en Molinicos y 12,8 en Riópar.
Además, el consejero ha informado de que se tuvieron que evacuar nueve pedanías y aldeas de Molinicos y otras once de Yeste, lo que en total supuso el desalojo de 445 personas, de las que 235 necesitaron realojo.
Tras aportar estas cifras, el consejero ha repasado los principales acontecimientos de este incendio, que según ha desvelado pudo ser originado por una negligencia, ya que las primeras investigaciones del Geacam descartan que fuera intencionado.
Así, ha informado de que el incendio se detectó a las 11.18 horas del 27 de julio por un vigilante fijo, se dio aviso al primer helicóptero unos minutos después de su detección y a las 11.47 horas se evacuó el campamento y la pedanía de La Raspilla y se activó el nivel 1.
Cuarenta minutos después de avistar el humo, había 28 medios y 72 personas y hora y media después, 57 personas y 20 medios, siete de ellos aéreos, ha indicado el consejero.
Al mediodía del día siguiente, se pasó a nivel 2 y se solicitó formalmente la intervención de la UME y ese día hubo un total de 243 personas trabajando en la extinción de este incendio.
En cuanto a la velocidad del incendio, Martínez Arroyo ha concretado que el primer día se quemaron 143,8 hectáreas; el segundo día, 1.079,8 hectáreas; el tercer día, 256 hectáreas; el 30 de julio, 1.544 hectáreas; al día siguiente, 180 hectáreas, y el 1 de agosto, 13 hectáreas.
Martínez Arroyo ha subrayado que su primer objetivo durante la gestión del incendio fue garantizar la seguridad de las personas y, en segundo lugar, que no hubiera daños en las viviendas y en los bienes materiales, dos retos que -según ha sostenido- se consiguió "plenamente".
Además, ha analizado que la gestión del incendio, que según ha reiterado en varias ocasiones estuvo en todo momento basada en criterios técnicos, estuvo afectada por cuatro elementos, en primer lugar la orografía escarpada y las carreteras estrechas; en segundo lugar, la meteorología -ya que durante todos los días hubo cola de calor-; en tercer lugar, el combustible, puesto que se trataban de pinos jóvenes que estaban en un entorno seco, y en cuarto lugar, la falta de agua para sofocar las llamas.
En este sentido, ha lamentado que el embalse más cercano, el de la Fuensanta -a diez kilómetros del fuego- estaba "seco", por lo que los hidroaviones se tenían que recorrer 60 kilómetros, hasta la provincia de Jaén, para cargar agua.
Martínez Arroyo ha apostado por también mirar hacia adelante y, por ello, ha anunciado que ya se ha iniciado un plan de restauración de la zona afectada y que "la maquinaria está a punto de entrar".
De este modo, se va a iniciar el aprovechamiento de la materia quemada y de la biomasa, actuaciones para la defensa del suelo, reparaciones de caminos, tratamientos de plagas y colocación de cajas nido, todo ello con un presupuesto de 700.000 euros.
En cambio, el diputado del PP en las Cortes Francisco Núñez ha cuestionado que no haya habido daños materiales, pues ha aseverado que se quemó una casa, aunque el consejero ha calificado esa construcción de "chamizo semi abandonado" y ha cuestionado que el PP utilice este caso, pues ha afirmado que ha sido el único bien material que se ha visto afectado por las llamas.
"Usted debería dimitir solo por mentir en sede parlamentaria", le ha espetado Núñez al consejero, al que también ha reprochado que argumente que se tomaron decisiones basadas en criterios técnicos, porque "el responsable de ese error es usted, mal que le pese, porque es el responsable político y todas las decisiones son responsabilidad suya".
Núñez también ha denunciado la descoordinación que, según sus datos, hubo en el incendio, pues además de criticar que se tuvo que cambiar la ubicación del puesto de mando avanzado, ha rechazado que los efectivos de la UME "llegaron a las 18.00 horas y hasta las 20.00 horas no les dieron destino porque no sabían dónde poner el puesto de mando".
Ha añadido que, debido a esa falta de coordinación, se quemaron "muchos metros de mangueras" porque no llegaban los relevos de los retenes y, en las primeras horas del incendio, el fuego se propagó porque los medios aéreos que había tuvieron que hacer una parada técnica y no había otros que les sustituyeran.
"La actuación en la toma de decisiones fue manifiestamente mejorable", ha resumido Núñez.
También el portavoz de Podemos en las Cortes, David Llorente, ha denunciado que faltó coordinación y ha pedido que se elabore una ley para coordinar la actuación de las distintas administraciones ante un incendio, como existe en otras comunidades.
Llorente también ha criticado que algunos agentes medioambientales realizaron jornadas laborales de 30 horas, a pesar de que el máximo permitido son 12 horas de trabajo, seguidas por otras doce de descanso, y ha recordado que dieciséis personas sufrieron una intoxicación alimentaria.
En cambio, la diputada del PSOE en las Cortes Carmen Torralba ha valorado la gestión que hizo el Gobierno regional y ha elogiado las medidas adoptadas, como la realización de un cortafuegos porque "con cincuenta hectáreas quemadas, se pudieron salvar 7.000" y ha criticado la actitud del PP que, según ha dicho, alarmó a la población.