La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha anunciado que en el grupo de trabajo creado para aprobar el futuro modelo de reparto de la recaudación de la ‘casilla solidaria’ del IRPF, defenderá un aumento
del presupuesto, más equitativo, que tenga en cuenta la ruralidad o la dispersión de la región.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, por primera vez en Castilla-La Mancha, la convocatoria de las subvenciones a entidades del Tercer Sector para el desarrollo de programas de interés general con cargo al IRPF, que es “la convocatoria social más transversal de la región”.
Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, que ha señalado que la aprobación de esta convocatoria supone que la asignación del 0,7 por ciento del IRPF “va a ser gestionada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, de acuerdo a los intereses de los castellano-manchegos y no del Gobierno de España, que las venía gestionando hasta ahora”.
La cuantía de esta convocatoria es de 9,7 millones de euros, “que es la aportación de los ciudadanos a través de la casilla solidaria de la declaración de la renta”, ha confirmado la consejera, que ha explicado que “en 2017 es igual que en 2016, pero vamos a exigir que tenga en cuenta indicadores como la dispersión o la ruralidad, como factores de reparto, con lo que Castilla-La Mancha va a defender un incremento de este reparto más equitativo para futuros ejercicios”.
Hasta ahora, el Gobierno de España gestionaba el cien por cien de esta recaudación de la casilla solidaria del IRPF, que en el año 2016 ascendió a 240 millones de euros. Sin embargo, el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional tras el recurso presentado por Cataluña, decidió que la convocatoria se haga este año de acuerdo al nuevo modelo mixto, con un tramo del 20 por ciento gestionado por la Administración General del Estado y un tramo del 80 por ciento para cada comunidad autónoma.
Con la aprobación de la convocatoria, nuestra región es la quinta Comunidad Autónoma que va a convocar estas subvenciones (ya lo han hecho Andalucía, Aragón, Cataluña y Murcia), en estos casos ya ha finalizado el plazo de presentación de solicitud. La convocatoria del tramo estatal está abierta hasta el 30 de septiembre.
Entidades del Tercer Sector Social
Las entidades que podrán concurrir a esta convocatoria están definidas en el artículo 2 de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, además de Cruz Roja Española y todas aquellas otras asociaciones y/o sus federaciones que reúnan los requisitos contemplados en esta orden.
Sin embargo, no podrán hacerlo las entidades de derecho público vinculadas a una Administración pública, las universidades, los partidos políticos y sus fundaciones, los colegios profesionales, las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, las sociedades civiles, las organizaciones empresariales y sindicales, y otras entidades con análogos fines.
Podrían concurrir 300 entidades
Aurelia Sánchez ha confirmado que espera que concurran a esta convocatoria unas 300 entidades sociales. En 2016 se han financiado 210 proyectos de 118 entidades, según la resolución de la Secretaría General de Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España.
Por sectores, 20 correspondían a programas de infancia y familia, 28 estaban dirigidos a jóvenes, 19 a mujeres, 19 a personas mayores, 49 a personas con discapacidad, 20 a personas drogodependientes, cinco a personas con VIH, cinco a personas de étnica gitana, diez a personas reclusas y ex-reclusas, cinco a urgencias, cinco eran de inclusión social, seis estaban dirigidos a personas inmigrantes, seis para intervención en voluntariado y tres para igualdad de trato y no discriminación.
El objetivo de estas ayudas es mejorar el bienestar social de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, de las personas con discapacidad, mujer, infancia-jóvenes-mayores o con problemas de salud (VIH, drogas) o sociales importantes. Los proyectos cubrirán las necesidades específicas de intervención social de las personas en situación de pobreza y exclusión social o personas que se encuentren en otras situaciones de especial vulnerabilidad.