La Diputación de Albacete ha celebrado esta mañana la primera de las dos sesiones previstas sobre Transparencia, en la que han participado el diputado provincial, Juan Gil, el coordinador de la Administración Electrónica de la institución provincial, Antonio Villaescusa y el experto en transparencia, Alberto Ortiz de Zárate Tercero,
quien ha desempeñado entre otro cargos, la dirección de Atención Ciudadana del País Vasco, además de ser autor de numerosos artículos y publicaciones sobre este tema y fundador de “Administraciones en red”, uno de los blogs decanos del ámbito de la Administración pública, con un reconocido prestigio.
El diputado provincial explicó durante la presentación de estas jornadas que la Ordenanza de Transparencia, Acceso a la información y Reutilización de datos y Buen gobierno que se aprobará en el pleno del próximo mes de junio, es una ordenanza que garantiza el derecho de la ciudadanía a saber y a poder participar en la gestión pública, porque la información es un requisito imprescindible para garantizar una participación real y efectiva y en consecuencia, una poderosa herramienta en manos de la sociedad civil para ejercer el control de la actividad pública.
Juan Gil afirmó aseguró que la Diputación quiere ser un Gobierno Abierto en la provincia de Albacete y una Administración del siglo XXI, donde el principio de transparencia garantice el derecho de los ciudadanos a participar en la gestión pública, una demanda que nos exigen los ciudadanos y a la que podemos dar satisfacción con las actuales tecnologías de la información.
En este sentido afirmó que la Diputación está dispuesta a colaborar con todos los ayuntamientos de la provincia para la puesta en marcha de este principio de transparencia, garantizando así uno de los pilares básicos del “gobierno abierto”, junto con el derecho a la información y al de participación ciudadana, siendo éste, el motivo principal de estas jornadas: informar, motivar y fomentar la efectividad del principio de transparencia en los ayuntamientos de nuestra provincia de Albacete.
Por su parte Antonio Villaescusa, explicó el marco normativo en el que se ampara esta ordenanza y recordó que la Diputación lleva trabajando en materia de transparencia desde el año 2012, habiendo recibiendo evaluaciones positivas por parte de organismos independientes como Transparencia Internacional.
Villaescusa comentó que la Diputación desde hace año y medio incorporó el portal de transparencia local de la FEMP al cual se han adherido unos 76 ayuntamientos de la provincia y precisó que la información que se incorpore a esta ordenanza tendrá que cumplir con los principios generales de ser abierta, reutilizable, de acceso inmediato, clara, verz, fehaciente e interoperable.
Por último, Alberto Ortiz de Zárate, como experto en temas de transparencia y vinculado durante un tiempo como director de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco, realizó una valoración positiva de la Ordenanza que se aprobará en el mes de Junio en Diputación, ya que destacó, que a diferencia de otros lugares, en Albacete existe una clara voluntad de trabajar con el resto de los ayuntamientos en esta cultura de la transparencia.
Ortiz concretó en tres elementos las características del Gobierno Abierto como son la transparencia, la participación y la colaboración y aseguró que la base de todos ellos, que van intrínsecamente unidos, es la transparencia.
“La transparencia –argumentó- no solo es publicar datos e información, conlleva también monitorear la actividad pública y política e implicar a la ciudadanía para instruirla en transparencia”.
Por otra parte comentó que en el proceso de la implantación de una cultura de la transparencia resulta fundamental la innovación y que su percepción personal sobre esta cultura en España resulta negativa, además de que la ciudadanía tampoco la reclama lo suficiente, por lo que padecemos un déficit de información ya que la transparencia –dijo- está más pensada para cumplir con la ley que para ponerla al servicio de los ciudadanos.
En este sentido Ortiz clasificó la transparencia en pasiva, que es la que resulta del derecho ciudadano de pedir información a la Administración y que ésta le contesta; activa, entendida como la obligación de las administraciones en publicar información y colaborativa, que es el resultado del proceso de datos por parte de los ciudadanos, produciendo un nuevo producto de información a partir de la reutilización de datos crudos.
El experto en transparencia afirmó que España es el último país de la Unión Europea en esta materia, por lo que se necesita de una sociedad más inquieta que reclame este derecho de ciudadanía y a pesar de que el mundo anglosajón es buen ejemplo, citó como experiencias muy avanzadas las que se están produciendo en torno al modelo de Gobierno Abierto en países latinoamericano como Perú o Chile.