El consejero Ruiz Molina tildó de “irresponsabilidad y lealtad” la decisión final de Podemos de votar en contra de los presupuestos 2017
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha lamentado hoy que el rechazo de Podemos, unido al del PP, al proyecto de ley de presupuestos de 2017 conllevará recortes en medidas que estaban incorporadas a las cuentas, si bien ha aseverado que el Ejecutivo castellanomanchego intentará minimizar el impacto.
En una conferencia ofrecida después de la reunión del Consejo de Gobierno urgente celebrado tras el rechazo de ayer a las cuentas en las Cortes, el vicepresidente del Ejecutivo regional, José Luis Martínez Guijarro, y el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, han citado, consejería por consejería, las repercusiones que tendrá el voto en contra de la formación morada al presupuesto, una forma de proceder que Martínez Guijarro ha tachado de "irresponsabilidad y deslealtad".
De este modo, Martínez Guijarro ha insistido en varias ocasiones en que el Gobierno regional había alcanzado un acuerdo con Podemos para la aprobación del presupuesto, pues ha comentado -en respuesta al argumento dado ayer por la formación morada- que para tramitar las cuentas, el Ejecutivo regional no necesita un acuerdo con otras fuerzas políticas.
"Es deslealtad porque rompió sin justificación, ni antes ni después, el pacto presupuestario e irresponsabilidad, porque creo que no han medido las consecuencias de la decisión tomada ayer", ha explicado Martínez Guijarro.
Y ha incidido en que es una "decisión irresponsable" porque el "incumplimiento" del acuerdo significa "recortes en los planteamientos y medidas que estaban incorporadas al presupuesto y que no se van a poder llevar a cabo".
El primer recorte lo sufrirá, ha advertido Martínez Guijarro, el Plan de Garantías Ciudadanas, que se había incorporado al presupuesto con 120 millones de euros a propuesta de Podemos y que, al no poder desarrollarse, "es la mayor traición a los ciudadanos más necesitados de Castilla-La Mancha".
Tras afirmar que el secretario general de Podemos, José García Molina, presentó el plan de garantías por todas las provincias y "presumiendo de las bondades del presupuesto", ha opinado que "la única explicación" que el Gobierno regional encuentra al rechazo de ayer "está en la clave interna de Podemos" en Castilla-La Mancha, pues ha recordado que dentro de un mes se celebrará la asamblea para elegir a su secretario general en la región.
En cambio, ha rechazado la posibilidad de que el voto en contra sea una respuesta al apoyo del presidente regional, Emiliano García Page, a la candidatura de Susana Díaz a las primarias del PSOE, pues Martínez Guijarro ha apuntado que "el posicionamiento de Emiliano se había producido antes de llegar al acuerdo de presupuestos", ya que "el 1 de octubre, estaba claro el posicionamiento de García-Page".
Y también ha descartado que se deba al hecho de que no se han apoyado las enmiendas de Podemos, pues tras calcular que afectaban a 40 millones de los 8.916,8 millones del total del presupuesto, ha desvelado que algunas de las enmiendas parciales fueron redactadas incluso por el Gobierno regional, mientras que otras, cuyo contenido no supo el Gobierno regional hasta el momento de su presentación en las Cortes, García Molina le dijo que "era consciente de que nunca se iban a aprobar".
"Decía que las tenía que presentar para tener cierto posicionamiento ideológico, una vez más internamente de cara a su partido", ha aseverado Martínez Guijarro, que ante las denuncias de "prácticas antidemocráticas de estilo rayano en lo mafioso" realizadas por García Molina contra el Ejecutivo regional, se ha preguntado si advertir de las consecuencias de la aprobación de una enmienda parcial es una "práctica mafiosa" o "decir la verdad".
En cuanto a las consecuencias que conllevará el rechazo al presupuesto y que el Gobierno regional explicará a los colectivos afectados, Martínez Guijarro ha dicho que "será imposible" recuperar el 1,5 por ciento salarial de los empleados públicos y que "habrá dificultades" para aprobar la nueva oferta de empleo público y para aplicar la subida salarial del 1 por ciento salarial a los funcionarios recogido en los Presupuestos Generales del Estado.
"No podemos seguir avanzando en las mejoras del sistema educativo", ha lamentado Martínez Guijarro, que ha afirmado que habrá dificultades para cumplir la reducción de ratios que se produjo en septiembre de 2016 y para pagar las nóminas de los 415 maestros más contratados al inicio de curso y que queda paralizado el plan de infraestructuras educativas dotado con 70 millones de euros.
Tampoco habrá incremento para la financiación de las universidades y habrá "dificultades" para adquirir los terrenos para al nuevo campus universitario de Guadalajara, al tiempo que queda paralizado el plan de retorno del talento.
En la Consejería de Bienestar Social, ha lamentado que no se podrá mejorar la atención a dependientes, y se paraliza la apertura de centros de atención a personas mayores y con discapacidad, como por ejemplo el de Talavera de la Reina.
En Sanidad, se paraliza el plan de renovación tecnológica del Sescam y se frenan los proyectos de los hospitales de Albacete y de Puertollano, mientras que en Agricultura, el Gobierno regional tendrá dificultades para atender todas las solicitudes de la incorporación de jóvenes al sector, se paralizan los proyectos de regadío en Cogolludo y Elche de la Sierra y no se podrán retirar los neumáticos fuera de uso de vertederos ilegales de Castilla-La Mancha.
En Fomento, ha alertado de que habrá "muchas dificultades" para mantener el convenio de transporte con la Comunidad de Madrid y que no se pondrá en marcha la tarjeta de transporte joven prevista para 2017.
En la Consejería de Empleo, está "en absoluto riesgo" el programa de empleo para mayores de 55 años y la puesta en marcha de un plan de autoempleo, al tiempo que habrá dificultades para poner en marcha el centro nacional de formación aeronáutica de Illescas y el centro regional de formación de artesanía de Talavera de la Reina.
También habrá dificultades para avanzar en la lucha contra la violencia de género y para la puesta en marcha de un programa de atención da víctimas de agresiones sexuales.
"Hay más medidas que se quedan en el tintero", ha lamentado Martínez Guijarro que, en cambio, ha reivindicado que el Gobierno regional va a "seguir trabajando para defender los intereses de los castellanomanchegos, incluso frente a quienes quieren tomar como rehenes a los ciudadanos de la región por sus problemas internos".