CCOO recuerda a los funcionarios y estatutarios cesados a partir de octubre de 2012 que tienen cuatro años para reclamar,
pero superado ese plazo, aunque sea por un solo día, pierden el derecho.
En una nota de prensa de Comisiones Obreras, se señala que miles de funcionarios interinos y eventuales estatutarios despedidos en los últimos cuatro años de la JCCM tienen derecho a reclamar la indemnización por su cese que les reconoce el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; pero gran parte de ellos, que fueron despedidos por Cospedal, deben darse prisa en hacerlo porque para reclamar tienen exactamente cuatro años a partir del momento del cese y, superado ese plazo, aunque sea por un solo día, pierden el derecho.
Así lo explicó ayer el responsable de la Asesoría Jurídica de CCOO CLM, Juan José Muñoz, en la asamblea organizada por el sindicato en Toledo para informar a delegados e interinos de la JCCM sobre cómo les afectan las recientes sentencias del TJUE que reconocen el derecho de los interinos a cobrar una indemnización de 20 días por año trabajado en el momento de su cese.
“Las sentencias suponen un antes y un después para el mercado de trabajo en español porque declaran ilegal y discriminatoria la indemnización –o la falta de indemnización, en el caso de los funcionarios interinos y eventuales estatutarios- que establece la legislación española para los trabajadores temporales”, indicó Muñoz.
En lo que respecta a la JCCM “las sentencias llegan tarde para los interinos despedidos hace más de cuatro años, por ejemplo para los más de cien interinos de Sanidad y Bienestar Social cesados en agosto de 2012. Pero sí están a tiempo de reclamar los despedidos a partir de la misma fecha de hoy de hace cuatro años.”
Así, a lo largo de cerca de tres horas atendiendo a las dudas y preguntas de los interinos que asistieron a la asamblea, Muñoz fue explicando que en CLM hay miles de docentes interinos despedidos en los meses de junio de 2013, 2014, 2015 y 2016, que pueden reclamar a la JCCM las indemnizaciones de 20 días por año trabajado que les reconoce el TJUE.
También hay miles de eventuales estatutarios que trabajaron para el SESCAM en uno, varios o muchos periodos (fundamentalmente, en los meses de verano y en Navidad, pero también cubriendo bajas o llamamientos puntuales más o menos prolongados). Todos ellos pueden también reclamar las indemnizaciones que les correspondan por cada etapa trabajada, siempre y cuando el cese o los ceses se hayan producido en un plazo de cuatro años hacia atrás.
En cuanto a la administración general de la JCCM, se produjeron oleadas de despidos de interinos entre octubre y diciembre de 2012 –alrededor de un centenar, por cancelaciones de comisiones de servicios. También están en plazo para reclamar los 21 agentes medioambientales y 3 ingenieros forestales despedidos en diciembre de aquel año; así como todos los interinos cesados con posterioridad (por ejemplo, el medio centenar cesado tras el concurso general de méritos de septiembre de 2013).
CCOO CLM les brinda a todos ellos los servicios de sus asesorías jurídicas en las cinco provincias de CLM para reclamar ante los tribunales las correspondientes indemnizaciones, en aplicación de las sentencias del TJUE.
Tras las sentencias del TJUE, el sindicato también ofrece asesoramiento sindical y jurídico a todos los demás trabajadores temporales de CLM, tanto personal laboral de cualquier administración pública como contratados temporales de las empresas privadas, a los que el Tribunal Europeo les reconoce el derecho a reclamar la misma indemnización que la establecida para los despidos objetivos de trabajadores fijos (20 días por año). Hay que advertir que mientras los funcionarios tienen cuatro años para reclamar, los laborales y los trabajadores de empresas privadas sólo tienen un año.
CCOO promoverá la modificación del Estatuto de los Trabajadores, del Estatuto Básico del Empleado Público y del Estatuto Marco del personal sanitario para adaptarlos a las sentencias del TJUE. En tanto esas modificaciones no se produzcan, el sindicato atenderá a todos los trabajadores temporales, públicos o privados, que quieran reclamar ante los tribunales su derecho a una indemnización justa.