El Tribunal Supremo (TS) ha dado la razón a los regantes alicantinos del Sindicato Central de Usuarios que interpusieron un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Gobierno Central, en 2012, de subir el precio del agua del Trasvase Tajo-Segura. Ahora esperan que el Ministerio de Agricultura les devuelva los nueve millones de euros que calculan que pagaron de más.
Así lo ha asegurado este martes el portavoz del Sindicato Central de Usuarios del Trasvase Tajo-Segura y de Riegos de Levante, Ángel Urbina, en declaraciones a Europa Press.
El portavoz de los regantes ha señalado que se calcula que de esos nueve millones de más pagados como consecuencia del incremento de las tarifas que ahora ha dejado sin efecto el TS, dos corresponden a la Comunidad General Riegos de Levante-Margen Izquierda, que es la entidad que se nutre de esa agua para el regadío en la provincia de Alicante.
Ángel Urbina ha afirmado que desde el principio los regantes se opusieron a esa modificación, que incrementó la tarifa del agua trasvasada en casi un 20 por ciento, sobre el argumento de que el cálculo de las tarifas era erróneo. Por ello, el Sindicato Central de Usuarios del Trasvase Tajo-Seguro interpuso un recurso contencioso administrativo que ahora el Tribunal Supremo ha estimado.
Urbina ha expuesto que la cuantía de esas tarifas se realiza en función de una fórmula matemática "que se viene usando desde el año 2009" y ha recordado que en su momento el cálculo era erróneo porque "se aplicaron gastos de los años 2010 y 2011 que no correspondían".
Ahora que el Tribunal Supremo ha dado la razón a los regantes, éstos confían en que el Gobierno central "mueva ficha" y reintegre a las comunidades de agricultores afectadas el dinero que pagaron de más.
"El ministerio tendrá que mover ficha ahora y esperamos que en alguna de las reuniones que tenemos que mantener con sus representantes nos comuniquen la fórmula y los pasos que se tienen que dar devolver ese dinero", ha señalado el portavoz de los regantes que ha subrayado que el pasado año, ante el convencimiento de que el Tribunal Supremo fallaría a favor de los regantes, el Gobierno bajó las tarifas del agua para riego procedente del Tajo-Segura.