La Dirección General de Tráfico (DGT) ha cesado a su subdirectora adjunta de conocimiento vial, Marta Carrera, tras las
irregularidades en la concesión del control de los cursos de recuperación de los puntos del carné de conducir y se ha requerido a las fiscalías de Toledo y Albacete que investiguen.
Según ha informado hoy el departamento que dirige María Seguí, la decisión ha sido tomada tras la investigación abierta después de que saliera a la luz una grabación de una conversación entre Carrera y el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), José Miguel Báez, gestor y beneficiario de dichos cursos desde hace diez años, para amañar supuestamente los pliegos del concurso público para conceder el control de los cursos.
Tráfico ha trasladado a las fiscalías de Pontevedra, Albacete y Toledo, de donde procedieron las denuncias, para que sean ellas las que inicien las actuaciones que consideren pertinentes.
Varios afectados presentaron una denuncia, en la que aseguraban que el control de los cursos se amañó con la CNAE, por lo que Tráfico abrió una investigación interna nada más conocer las escuchas que se publicaron en los medios de comunicación.
Además, según la nota de la DGT, María Seguí apartó a la subdirectora adjunta de las funciones relativas a la gestión del pliego de la concesión, pero una vez continuadas las pesquisas, hoy ha decidido cesarla en un puesto que es de libre designación.
También se ha abierto a Carrera un expediente disciplinario por conductas presuntamente irregulares relacionadas con el contrato de "Concesión de gestión de cursos de sensibilización y reeducación vial para la recuperación de crédito del permiso de conducción", investigación que realizará un equipo externo a la DGT.
Respecto a la gestión del pliego de la concesión de los cursos, la DGT convocará la semana que viene a los 13 licitadores para informarles de la situación actual en la que se encuentra.
Dentro de la investigación, toda la información que se ha ido recabando y que puede ser sospechosa de actos delictivos, pero sobre los que la DGT no tiene capacidad de actuación, se ha derivado a las autoridades competentes (las fiscalías provincial de Pontevedra, Albacete y Toledo) para que sean ellas las que inicien las actuaciones que consideren pertinentes.
Tráfico quiere resaltar que uno de los objetivos prioritarios que se ha marcado bajo la dirección Seguí ha sido el estudio de las intervenciones necesarias para erradicar la siniestralidad vial, lo que incluye la modificación de los modelos tradicionales de obtención del permiso de conducción y recuperación de puntos y al adecuación de las políticas viales a los nuevos retos de movilidad y seguridad.
Considera que las consecuencias de todos estos cambios en el sistema tradicional "pueden generar tensión ante un nuevo modelo de formación de conductores, además de la pugna por el liderazgo del sector de autoescuelas que se está librando entre ellas".