Una pena de 17 años de cárcel, sanción económica de más de 11 millones de euros e indemnizaciones por valor de otros
de 3,4 millones es la petición de la Fiscalía Provincial de Albacete para un empresario que será juzgado mañana, viernes, acusado de cinco delitos contra la Seguridad Social.
El procesado constituyó diversas sociedades donde acumuló deudas de cotizaciones entre los años 2006 y 2010 por 3,4 millones de euros.
El juicio tendrá lugar en el juzgado Penal 3 bis de la ciudad, y el escrito de acusación indica que el procesado es Juan Andrés G.M.
La acusación sostiene que el procesado concibió "la idea de beneficiarse a costa de la Seguridad Social" evitando el pago de las cuotas sociales, y percibía dinero de otras personas "por causar su alta en la Seguridad Social, facilitándoles así el acceso a prestaciones sociales".
Juan Andrés G.M. utilizó dos vías, una al no presentar los documentos de cotización necesarios, y la otra, la creación de "una serie de empresas sucesivas para impedir el cese de su actividad".
De esa forma creó cuatro sociedades limitadas, una en 2006, por la que acumuló una deuda de más de 333.000 euros entre ese año y el siguiente, mientras que con la segunda S.L., creada en 2007, el acusado acumuló una deuda con la Seguridad Social de más de 993.000 euros, y con la tercera, constituida también en 2008, acumuló impagos por valor de más de un millón de euros.
Asimismo, en 2010 creó una cuarta empresa donde Juan Andrés G.M. designó a otra persona como administrador único y acumuló una nueva deuda de 982.193 euros, si bien la persona designada ha estado "en ignorado paradero" para el procedimiento judicial, indica la Fiscalía.
La Fiscalía califica los hechos como cinco delitos contra la Seguridad Social de distinta gravedad, y propone penas de prisión que en total suman 17 años, además de sanciones económicas que suman 11,3 millones de euros.
Asimismo, se propone que el procesado indemnice a la Seguridad Social en las cantidades defraudadas más los intereses, lo que supone pagar más de 3,4 millones más en caso de que el juzgado considere probados los hechos.
La vista oral de este juicio ya se programó para el pasado 13 de abril, pero tuvo que suspenderse porque no se había citado formalmente a varios funcionarios de la Tesorería General de la Seguridad Social que debían declarar como testigos.