El Gobierno de Castilla-La Mancha ha convocado el próximo lunes la Mesa Sectorial de Personal Funcionario y la Comisión Negociadora del VII Convenio Colectivo,
en la que no está incluida el personal sanitario, para estudiar la aplicación de la vuelta a la jornada laboral de 37,5 horas semanales.
Fuentes de CCOO han informado a Efe de este encuentro y han indicado que la Mesa Sectorial del Servicio regional de Salud (Sescam) también se convocará a principios de la próxima semana, el próximo martes, mientras que el sector educativo también ha pedido la reunión urgente de la Mesa Sectorial.
La reunión de la Mesa Sectorial de Personal Funcionario y la Comisión Negociadora del VII Convenio Colectivo se celebrará en la Escuela de Administración Regional de Toledo.
Por su parte, la reunión de la Mesa Sectorial del Sescam se celebrará el martes a partir de las 13:00 horas en la sede del Servicio regional de Salud.
En estas mesas, se estudiarán las instrucciones para la aplicación de la jornada laboral de 37,5 horas semanales, una vez que ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central en funciones contra la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales de los empleados públicos de Castilla-La Mancha, y que deja en suspenso dicha medida.
Las mismas fuentes de CCOO han recomendado a todo el personal de la Junta de administración general sujeto a la orden de horarios, "independientemente de las instrucciones que lleguen al conjunto de los empleados público", que cuente con un cómputo mensual en el que desde el 1 de mayo hasta el 5 de mayo la jornada sea de 7 horas y desde el 6 al 31 de mayo, de 7,5 horas.
"No vamos a bajar los brazos con este asunto, daremos la batalla jurídica y sindical para defender este derecho y exigiremos al PP y al Gobierno del Estado con las herramientas que consideremos necesarias el mantenimiento de las 35 horas", han afirmado.
Precisamente, el próximo martes 10 de mayo se reunirán los gabinetes jurídicos de los sindicatos y del Gobierno regional para estudiar las alegaciones que presentarán ante el Tribunal Constitucional en defensa de las 35 horas semanales.