La Junta ha acordado con los sindicatos un aumento de las retribuciones del 1 %, que es el máximo que autorizan los presupuestos generales del Estado para 2016, así como la devolución del 50 % pendiente de la paga extra de 2012, pero pospone hasta 2017 empezar a recuperar el 3 % de la llamada "tasa Cospedal".
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha informado hoy de la ratificación por parte del Consejo de Gobierno del acuerdo de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos del pasado 1 de febrero.
Dicho acuerdo contó con el visto bueno del 56 % de los votos de los representantes de los trabajadores y no fue aprobado por CSIF y STEs (Intersindical Castilla-La Mancha), ha recordado.
Además del incremento general de las retribuciones del 1 %, Ruiz Molina ha explicado que el 50 % pendiente de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 se abonará en dos veces, el 25 % nada más aprobarse el presupuesto de la Junta de Comunidades para 2016 (en abril o mayo) y el otro 25 % en octubre si se está al día en el cumplimiento del objetivo de déficit o en todo caso en enero de 2017.
La recuperación de la "tasa Cospedal" del 3 % será, en primer lugar, el 1,5 % en 2017 y el otro 1,5 % en 2018 , con un 0,5 % adicional para acomodar la pretensión de los representantes de los trabajadores con lo que es asumible por parte de la Junta, ha dicho el consejero.
Para Ruiz Molina, se trata de un "plan ambicioso de recuperación económica y social a lo largo de la legislatura" que, además de esos aspectos económicos, incluye la recuperación de los días de permiso por asuntos particulares y los días adicionales por antigüedad, así como de los cuatro días de ausencia del trabajo por enfermedad sin baja medica.
Ha agradecido la comprensión y sensibilidad de los sindicatos para hacer compatible la recuperación de los "derechos perdidos" de los funcionarios con la adopción de medidas para la inserción laboral de los desempleados.
Ha explicado que los sindicatos STEs y CSIF no firmaron este acuerdo pese a que les explicó que se iba a producir un aumento del empleo público en 1.700 trabajadores y una oferta de empleo público con la que se llegaría hasta los 6.600, pero "no les ha parecido suficiente".
Ruiz Molina ha señalado que una parte de las organizaciones sindicales se han mostrado más comprensivas que otras, y ha insistido en que la mejora de las condiciones de los empleados públicos había que hacerla compatible con la implantación de medidas para las personas desempleadas, de forma que parte del margen presupuestario "va a los planes de empleo", ha dicho.