El Gobierno central y el de Castilla-La Mancha cuentan con un periodo de seis meses para negociar la implantación de la jornada de 35 horas semanales para los trabajadores públicos de la Junta de Comunidades, una medida que, según el Ejecutivo central, contraviene la norma estatal.
Fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas han confirmado a Efe que este departamento solicitó el viernes 12 de febrero la apertura de un periodo de negociación, al que el Gobierno de Castilla-La Mancha contestó de manera positiva el mismo viernes.
Por lo tanto, una vez que se ha obtenido una respuesta, comienza el plazo de seis meses en el que el Ejecutivo central y autonómico deberán abordar la cuestión.
El Ejecutivo central considera que la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y la posibilidad de que los empleados públicos puedan continuar en su puesto de trabajo más allá de los 65 años contraviene la normativa estatal.
Este asunto lo abordarán la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y el Gobierno de Castilla-La Mancha y, en caso de no llegar a un acuerdo, el Gobierno central podrá presentar un recurso de inconstitucionalidad a la medida, en el que incluso podría solicitarse, como medida cautelar, la suspensión de la jornada laboral de 35 horas semanales.