El Tribunal Central Administrativo de Recursos Contractuales ha anulado la adjudicación de la gestión mixta del servicio de agua en la empresa Aguas de Alcázar de la localidad ciudadrealeña de Alcázar de San Juan, tal y como han confirmado fuentes socialistas a Europa Press.
Estas fuentes han precisado que la paralización del proceso queda anulada porque la adjudicación y el pliego de condiciones por el que concursaron las empresas para hacerse con esta gestión mixta no eran correctos y no garantizaban la concurrencia competitiva de las empresas que optaban a hacerse con este contrato.
El pasado 20 de marzo, el alcalde de Alcázar de San Juan, Diego Ortega, y el director regional de la empresa Aqualia, Santiago Lafuente, firmaron el contrato de constitución de la nueva empresa mixta Aqualcázar SL, transformando así Aguas de Alcázar en una sociedad mixta de colaboración público-privada.
El Ayuntamiento seguirá adelante
El alcalde de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Diego Ortega, ha comunicado la decisión de continuar adelante con el proceso de cambio de modelo de gestión de la Empresa Municipal de Aguas, tras conocer la resolución del Tribunal de Recursos Contractuales.
"La decisión de este equipo de Gobierno es la de subsanar y modificar las advertencias y los aspectos señalados por este tribunal en las cláusulas 9 y 22", según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa.
En consecuencia, una vez realizadas las modificaciones correspondientes, en las que ya están trabajando los servicios jurídicos del Ayuntamiento, "se continúa adelante con el proceso, mediante licitación del pliego para proceder al cambio de modelo de gestión de la Empresa Municipal de Aguas".
"La prioridad de este equipo de Gobierno es la de dar viabilidad económica a la empresa, mantener los puestos de trabajo y no incrementar el precio de la factura", añade.
Ortega piensa seguir defendiendo los intereses económicos tanto del Ayuntamiento como de los vecinos de Alcázar de San Juan, salvar de la quiebra a la empresa de Aguas y pagar la deuda contraída de más de ocho millones de euros.