que existe una ambigüedad e inseguridad jurídica que, en el caso de los Parques Nacionales, posibilita diferentes niveles de protección
Pilar Martínez Abogados, despacho especializado en Medio Ambiente y Urbanismo defensor de un enfoque equilibrado entre el uso rentable de los recursos naturales y la conservación medioambiental, advierte de la importancia de valorar las necesidades reales de protección a la hora de legislar, tanto en la elaboración de los planes de gestión Red Natura de Castilla La Mancha, actualmente en información pública, como en la reciente aprobación de la Ley de Parques Nacionales, que también afecta al de Cabañeros, que cumplió el pasado viernes su decimonoveno aniversario.
Al hilo de la aprobación de esta ley en el Congreso, la letrada asegura: “Las normas son muy ambiguas y generan inseguridad jurídica, lo que posibilita que existan diferentes niveles de protección. No aprecio ventaja alguna de esta ley ni cambio sustancial respecto a su predecesora”.
Pilar Martínez mantiene que la “declaración de un territorio como espacio protegido afecta muy gravemente a los derechos de propiedad y a otros bienes y derechos previamente consolidados por los afectados, ya que llega a limitar, incluso, la libre circulación por las propias fincas y por el espacio y suelo público”. Recuerda, asimismo, que España es el país de la Unión Europea que más espacios protegidos tiene incluidos dentro de la Red Natura. En el caso de Castilla La Mancha, afecta a 1’8 millones de hectáreas, con 72 Lugares de Interés Comunitario y 38 Zonas de Especial Protección para las Aves, cuyos planes de gestión se encuentran en fase de información pública y audiencia.
Con más de 20 años de experiencia en Derecho Medioambiental y Urbanístico, asegura que: “La legislación europea impone, a través de sus Directivas, unas obligaciones o condiciones de conservación que, de ningún modo, llegan a semejante rigor, pero pone en manos de determinadas Administraciones instrumentos y facultades que les facilitan este tipo de intervencionismo de la propiedad y control de un territorio. Si bien todo ello choca con derechos fundamentales reconocidos por los propios Tratados europeos y con nuestro propio ordenamiento jurídico, así como con la jurisprudencia del Tribunal Supremo español”.
De este modo, Pilar Martínez aboga por una política de conservación del territorio basada en estudios científicos y técnicos rigurosos y fiables de las necesidades y en contar realmente con los ciudadanos y asociaciones, para el desarrollo de programas medioambientalmente sostenibles.
Pilar Martínez, con sede en Madrid y ámbito de actuación en todo el territorio nacional, ha obtenido importantes casos de éxito en esta materia. “La propia normativa europea y nuestras leyes y Tribunales exigen, en todo caso, compensaciones individuales por estas limitaciones a los derechos previamente adquiridos y consolidados, así como la consiguiente previsión presupuestaria para aprobar la norma y la aprobación de Planes de Desarrollo Sostenible y esto rara vez ocurre”.
Cabe destacar que ha sido la responsable de la nulidad obtenida en casación ante el Tribunal Supremo del Decreto regulador del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias en representación de propietarios de terrenos, con sentencia favorable a recibir una indemnización adecuada de acuerdo a las limitaciones impuestas en el documento.
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