Santiago Cabañero, presidente de la Diputación de Albacete, ha sido absuelto de acusaciones de prevaricación administrativa por su decisión de nombrar a un nuevo jefe del Servicio Provincial de Bomberos en 2015. La Audiencia determinó que no hubo pruebas de ilegalidad ni motivaciones personales en su actuación.
Este viernes, se ha declarado la absuelta al presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, respecto a las acusaciones de prevaricación administrativa. La controversia surgió por su decisión de reemplazar al anterior jefe del Servicio Provincial de Bomberos de la Diputación Provincial de Albacete (SEPEI) en el año 2015, designando a José Israel Ferrer.
El Ministerio Fiscal había solicitado una inhabilitación de 11 años para ocupar un empleo o cargo público debido al supuesto delito del que finalmente ha sido absuelto. Los delitos de prevaricación se definen como aquellos en los cuales una autoridad, un juez o un funcionario público emite una resolución a sabiendas de que es injusta o ilegal.
Los acontecimientos tienen su origen hace una década, cuando, de acuerdo con la Fiscalía, Cabañero, que recién había asumido la presidencia de la Diputación, ignoró las normativas al designar al nuevo jefe del SEPEI. Esta decisión se tomó sin considerar las opiniones de los sindicatos, las recomendaciones de los servicios jurídicos de la Diputación y las objeciones planteadas por el servicio de intervención.
La sentencia ha determinado que "no ha quedado acreditado que dicho documento llegara al Servicio de Recursos Humanos de la Diputación Provincial de Albacete antes de la redacción de la propuesta de decreto". Asimismo, se ha indicado que no se ha "acreditado que en el momento de firmar el decreto indicado el acusado tuviera conocimiento o al menos sospecha o duda alguna sobre la posible ilegalidad del acto administrativo que suscribía". De igual manera, el texto afirma que no se ha demostrado que Cabañero "pudiera tener ningún tipo de motivación personal (por razones económicas, políticas, familiares, de amistad o enemistad) que le animara a promover el cese y nombramiento de los funcionarios afectados."
En relación al documento que supuestamente alertó al presidente provincial por parte de los sindicatos, se trató de un escrito presentado por el sindicato CSI-CSIF el mismo día en que Cabañero firmó la propuesta de decreto, y tan solo un día antes de la firma del texto final. Por ello, la Audiencia Provincial ha concluido que "se trata de un lapso de tiempo tan escaso que resulta completamente natural y conforme a las dinámicas y plazos manejados en cualquier organismo público que dicho escrito no llegara materialmente a manos de la funcionaria" encargada de redactar el borrador de la resolución.
El juicio ha sido testigo de la defensa del presidente de la Diputación, quien ha sostenido en todo momento su inocencia. Durante el proceso, él negó "tener conocimiento o sospecha alguna sobre la ilicitud de la resolución antes de dictarla. Manifestó que la firmó, como muchas otras, confiando en su legalidad a la vista de que venía avalada por los funcionarios técnicos correspondientes", según se detalla en la sentencia.
La Audiencia Provincial ha decidido absolver al presidente de la Diputación de todas las acusaciones en su contra. En los próximos diez días, existe la opción de interponer un recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
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