Posibles sanciones por violaciones urbanísticas en el aeropuerto de Ciudad Real

Una carta ha sido enviada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, firmada por la directora general de Planificación Territorial y Urbanismo, al propietario del aeropuerto de Ciudad Real, Rafael Gómez Arribas. En esta misiva, se le informa que en los próximos días recibirá detalles sobre la fecha y hora para realizar una inspección de las instalaciones. Esta acción se lleva a cabo en el ejercicio de las competencias autonómicas, y surge tras la controversia que se generó esta semana, cuando se reveló que el aeropuerto podría estar preparándose para acoger a inmigrantes.

En el documento, que fue publicado por Europa Press, se menciona también que se convoca a la empresa a una audiencia. Además, se solicita al propietario que se presente en la Consejería de Fomento para que exponga lo que considere pertinente y comunique a la Administración autonómica todas las acciones que se hayan llevado a cabo en relación con el asunto, "y que de hecho se están haciendo" en las instalaciones.

Controversia por posible uso del aeropuerto como centro de acogida para inmigrantes

El uso dotacional descrito en el PSI no contempla un hipotético centro de acogida de inmigrantes, ya que este tipo de equipamiento no es necesario para las actividades que realizan los usuarios del aeropuerto.

El Gobierno de Emiliano García-Page advierte que, en caso necesario, se reserva el derecho de llevar a cabo la acción de restauración de la ordenación territorial y urbanística, así como cualquier otra acción que pudiera surgir.

En la misiva, el Gobierno regional sostiene que, ante la eventualidad de utilizar el aeropuerto como un centro de recepción para inmigrantes, recibió el pasado jueves una carta de la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ciudad Real. Esta comunicación se produjo tras una visita "con objeto de comprobar si se estaba llevando a cabo algún tipo de actuación sin las debidas autorizaciones, constatándose que sí".

Según el plan director de la instalación, "el centro de acogida de inmigrantes no solo carece de espacio para los usos previstos, sino que se considera expresamente incompatible". Además, parece que "la entidad titular del aeropuerto estaría ignorando estas prescripciones" de manera clara.

El Gobierno de C Castilla-La Mancha considera "crucial" verificar las acciones realizadas en el aeropuerto "para contrastar las informaciones con los hechos". Esto es necesario para confirmar o descartar "al menos, dos infracciones urbanísticas", una de ellas grave y la otra muy grave.

Se verificaron acciones que "no parecen corresponder al uso propio de instalaciones de esa naturaleza".
"Como máxima autoridad urbanística en la región, es mi deber recordarle que el aeropuerto se tramitó y ejecutó a través de un Proyecto de Singular Interés (PSI), estando los terrenos e instalaciones que comprenden el ámbito del PSI, sometidos a ambos instrumentos", afirmó esta Consejería de Fomento.

El Gobierno regional señala que, si se ratifican los graves hechos que la Concejalía correspondiente de Ciudad Real ha documentado y que actualmente están ocurriendo, así como su impacto en un ámbito no gestionado por las administraciones locales y que afecta a varios municipios, será necesario asumir la competencia. “No hacerlo sería una irresponsabilidad”, añade.

La misiva también señala que es importante considerar las implicaciones que podrían surgir si se confirman las intenciones deducidas de los medios de comunicación y la información proporcionada por el Ayuntamiento. Esto podría tener un impacto en la administración responsable del territorio afectado, especialmente en áreas como agua, educación, asistencia social, transporte, y otros servicios básicos que se ven afectados.

De esta manera, surge la oportunidad de iniciar un expediente sancionador en el ámbito urbanístico para la empresa que posee el aeropuerto. Es importante señalar que, aunque la competencia suele recaer en el Ayuntamiento, el Gobierno regional asume la responsabilidad en este caso.

Es importante considerar ciertas posibles infracciones "en un ámbito territorial que excede la jurisdicción de un municipio, pues el PSI abarca terrenos no solo del término de Ciudad Real".

El Ejecutivo observa una urgente necesidad de aclarar los hechos debido a una aparente violación del ordenamiento jurídico. Esto se debe a la repercusión mediática que está generando, así como a la preocupación en la sociedad en general, y especialmente en los vecinos no solo de Ciudad Real, sino también de los municipios cercanos al aeropuerto.

En la misiva, el Gobierno regional menciona que las sanciones por infracciones urbanísticas pueden incluir "inhabilitación para desarrollar actividades con relevancia urbanística", así como la posibilidad de expropiar los terrenos y proceder a la demolición de lo que se haya construido o ampliado para el centro de inmigrantes.

En este momento, se menciona el supuesto acuerdo de confidencialidad establecido entre el aeropuerto y el Gobierno de España. Según se indica, "Los acuerdos de confidencialidad tienen su fundamento en la autonomía de la voluntad de las partes, que no obedecen a la aplicación imperativa de las normas y que, en su caso, se restringen a las relaciones comerciales que las partes puedan tener entre ellas".

La función del Gobierno autonómico radica en desempeñar "en el ejercicio de sus competencias exclusivas reconocidas en el bloque de constitucionalidad del que forma parte el Estatuto de Autonomía, lo que implica la utilización de potestades administrativas. Ante esto, la posible invocación de un acuerdo de confidencialidad, incluso con el Estado, no justifica la resistencia a proporcionar información relevante durante una investigación. Esta obstrucción podría constituir una infracción adicional, llevada a cabo por una autoridad competente".