Todos recordamos aquellas viñetas del TBO, en las que el profesor “Bacterio”, experimentaba y daba a luz unos desternillantes inventos, que hacían las delicias, como todo el conjunto de la publicación, de los que éramos adictos al mismo y que comprábamos todas las semanas con la “peseta del Domingo”, que nuestro progenitor tenía a bien darnos y a la que sacábamos rédito, casi sin límites. Hoy, quizás para llegar a lo que podíamos adquirir con nuestra extinta peseta, harían falta cincuenta, o más, euros.
Pues bien, bien, valga la redundancia, pareciera que nuestra actual Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, alias “la Cyrano de Bergerac Española” o “La Sobona”, o “Doña Rogelia”, quisiera remedar y poner en vigor aquellas viñetas de los inventos del semanario antedicho, quizás, más por intentar salir del ostracismo a que ha sido sumida, tras sus fracasos, uno detrás de otro, de su invento primigenio, la Coalición de “Sumar” que a cada paso baja escalones, hasta desaparecer en algunos estadios, tal como ocurriera en las Elecciones Gallegas, donde no pudo sacar ni un diputado en el Parlamento Gallego, ratificando que no la quieren ni en la tierra madre que la parió, donde, desde luego, bien conocerán el fondo y el trasfondo, de tal espécimen, pues su fracaso fue rotundo, incluso en el municipio de donde es oriunda, en el que la superó el propio VOX de Santiago Abascal.
Y, siguiendo esa proclama que santifica, valga la expresión, que “el demonio cuando se aburre, mata moscas con el rabo”, ha puesto en marcha varios experimentos, olvidando la máxima de que “los experimentos con gaseosa”, con el objetivo de salir del pozo en que se halla sumida y tatar de dar por saco a todo bicho viviente, especialmente, si se trata de un empresario o de un ciudadano de a pie cumplidor de sus obligaciones a tocateja. Así, que nos encontramos con estas siguientes proposiciones, a cada cual más aberrante y disparatada:
1ª.- En su afán marxista-leninista-estalinista- comunista, de que los medios de producción deben estar en manos de los trabajadores, sepan éstos leer y escribir o no, buscando aun mayor comodidad, si es que no tienen ya bastante, para los liberados sindicales, registró el pasado 27 de marzo del corriente año, una proposición no de ley, en el Congreso de los Diputados, con la que exige que los trabajadores, sus representantes y las organizaciones sindicales puedan participar en los Consejos de Administración de empresas y grupos empresariales. Justifica sus propuestas en dos directivas europeas sobre la implicación de los trabajadores en la sociedad anónima europea y en la sociedad cooperativa europea, que fueron transpuestas a nuestra legislación en 2.006. Y, aportando, además, la dicción del artículo 129.2 de la Constitución Española, según el cual “Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.
Desde luego, este último inciso sí que tiene un fuerte tufillo, si lo consideramos en su sentido literal, estricto y gramatical, a ciertos paradigmas del sistema marxista-leninista-estalinista-comunista, aunque abre la puerta, como viene siendo usual, a que los trabajadores constituyan su propia empresa y participen en ella desde el principio al final, mediante una autogestión, tal como se produce en las Cooperativas de Trabajo Asociado; y en cuanto a este último párrafo, habría que desarrollarlo, en el sentido de cuál ha de ser la contraprestación de los trabajadores para acceder a la propiedad de los medios de producción, lo cual llevaría consigo un profundo cambio cultural por parte del empresariado, pero también del lado de los representantes de los trabajadores y de éstos mismos, sin que podamos compararnos con el modelo de “cogestión” que existe en Alemania desde hace 50 años, en el que los sindicatos están presentes en los órganos empresariales de decisión, incluso, en algunas, compañías, con derecho a veto en las decisiones de carácter laboral.
A esta finalidad se dirige la propuesta para “extender y mejorar la cobertura de las representaciones de las personas trabajadoras en las empresas a nivel estatal y trasnacional”.
Así como un sistema que permita la participación sindical en los Consejos de Administración. ¿Estaría dispuesta, la Sra. Ministra, a que en el Consejo de Ministros tomaran aposento ciertos representantes sindicales de trabajadores y empresarios, para escudriñar lo que allí se cuece e intervenir, incluso con derecho a veto, en ciertos acuerdos del Ejecutivo?.
2ª.- Encarecimiento del despido: En base a una Resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, elegido por el Consejo de Europa, según la cual “la indemnización por despido improcedente (33 días por año trabajado con un máximo de 24) no cumple con lo establecido en la Carta Social Europea, ni con el principio de resarcimiento.”
Ante esta Resolución, que no es vinculante, nuestra “Cyrano de Bergerac”, se ha lanzado al degüello de empresarios, para encarecer ya este mismo año el despido improcedente, dando una vuelta de tuerca más al empresario, culpable según la ideología falsaria de la antedicha, de todos los males de la Nación, y a los que extorsiona y coacciona en cuanto descubre una rendija por donde puede atacar a los mismos, dejando siempre en la bandeja de la virtud a los trabajadores, a los cuales, en ciertos casos, hay que echarles de comer aparte y que, poco menos, que habría que agotar las existencias de Galería del Coleccionista para proveerles del sillón Confort Plus, no vaya a ser que se quiebren o se espatarringuen.
Y es que la Ministra, tomando parte en el partido, lleva meses pergeñando esta medida, pues critica y considera que el modelo de despido en España es “muy barato”, con una indemnización “low cost”, sin reparar en que España cuenta con las extinciones laborales más generosas de Europa y en los países de la OCDE. Así, de esta manera, la concernida inventa un despido “reparativo” o “restaurativo” (que por terminología no quede), dirigido a paliar lo que se considera el daño causado a los afectados por una extinción improcedente, teniendo en cuenta la edad, número de hijos, duración del contrato o su situación socioeconómica, sin tener en cuenta, como ponen de relieve los expertos laboralistas, que en España el derecho ya permite al trabajador una indemnización complementaria que decide el Magistrado, teniendo en cuenta varios factores dignos de compensación económica.
Y, como siempre, esta reforma, como otras ya firmes o en cartera, según los expertos, introduciría una mayor inseguridad jurídica para las empresas y supondría un obstáculo para la contratación y acabaría afectando, por tanto, a la creación de empleo.
Ante esta serie de medidas, no es de extrañar que el FMI, organismo fuera del control de La Moncloa, a Dios Gracias, cuestiona las reformas laborales y de las pensiones, que este Retroprogresista Criminal Gobierno de España lleva entre manos.
Albacete 15 de mayo de 2.024
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