Junto con este acusado serán también juzgados P.C.P. e I.P.P. para los que la Fiscalía solicita once meses de prisión y tres años de prisión, respectivamente, por el supuesto delito de insolvencia punible supuestamente llevados a cabo también en relación a estos hechos.
Según el escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado adquirió a través de su empresa constructora, Obras N, que también hizo las labores de promoción, una finca en la localidad toledana para la construcción de 31 viviendas.
Antes de iniciarse el proyecto urbanístico se formalizaron las supuestas compras de las viviendas en dos documentos: el primero denominado 'reserva', para el que los futuros compradores abonaban 3.000 euros como señal, y el segundo denominado 'compraventa' con un desembolso inicial de 6.000 euros.
Según el Ministerio Público, la constructora del acusado abandonó la ejecución de estas viviendas, lo que motivó el embargo de las parcelas. Situación que el procesado ocultó a los compradores aparentando ante ellos "una solvencia económica de la que carecía" y recibiendo 525.768 euros de 27 personas.
Todas estas personas supuestamente estafadas, añade la fiscalía, desembolsaron sus respectivas cantidades de dinero esperando a cambio obtener una vivienda en propiedad y debido a que esto no ocurrió, decidieron formular las respectivas querellas contra N.E.T.
En otro orden de cosas, el Ministerio público indica que el acusado había dejado de atender los pagos a terceros proveedores, si bien su único proveedor era una mercantil de la que es administrador el también acusado P.C.P.
"Ambos acusados, de común acuerdo, resuelven que Obras N embargue la totalidad de las fincas de la promoción en ejecución de la deuda originada por los pagos impagados a P.C.P., siendo así que dicho importe supera con creces al de la deuda reclamada", añade el fiscal.
Del mismo modo, como mecanismo defraudatorio empleado por el acusado, el Ministerio Público indica igualmente que había recibido dos préstamos de una entidad bancaria, sin poner en conocimiento de los compradores de las parcelas que estaban gravadas con un préstamo hipotecario.
Así, la Fiscalía indica que para la concesión del préstamo era necesario la presentación de certificaciones de obra emitidas por el arquitecto del proyecto y visida por el Colegio de Arquitectos. Certificaciones que, según el fiscal, fueron suscritas por un tercero que imitó la firma del arquitecto.
Finalmente el acusado y su esposa -- la otra procesada, I.P.P-- otorgaron capitulaciones matrimoniales, siendo otorgados todos los bienes a esta última, "con la intención de eliminar las legítimas expectativas de los acreedores".
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