y, que recogía que a partir del curso 2017/2018, el horario lectivo del profesorado de Enseñanza Medias será de un mínimo de 18 y de un máximo de 20 horas lectivas”.
La nota de prensa señala además: “Ya advertimos desde ANPE que, aunque la reducción de horario lectivo era positiva, llevar a cabo esta medida una vez iniciado el curso y de forma tan precipitada, generaría un caos organizativo en los centros.
Esta medida incluía un aumento de cupos que se incluyó en la adjudicación de sustituciones del viernes 15 de septiembre, junto con algunas sustituciones de inicio de curso, pero para sorpresa e indignación de todos, la Consejería no ha incluido en esa adjudicación el montante de sustituciones previstas para el 12 de septiembre, y que podría ascender hasta las 500 sustituciones.
Para ANPE este grave error, conlleva un efecto en cadena de perjuicios en todo el profesorado adjudicado, que hubiese podido optar a mejores destinos (o más cercanos a su domicilio o de mayor duración) o que hubiese podido ser asignado, si esta adjudicación se hubiese hecho con las suficientes garantías.
Lo que es un hecho objetivo es el gran número de plazas que no han sido adjudicadas y que estaban grabadas incluso desde junio y julio para la primera adjudicación de septiembre; derivadas de excedencias, maternidades, enfermedad de larga duración, entre otras. Por lo tanto, no existe causa para que no hayan sido adjudicadas.
Con esta adjudicación, se ha producido una vulneración de los derechos de los afectados, cuando tienen preferencia por su orden de lista y por los criterios consignados en su petición, a otras plazas que debería haber salido en la citada adjudicación.
Ante esta vulneración de derechos, ANPE exige a la Consejería que tome las medidas necesarias para solventar esta injusticia. Si no se soluciona cuanto antes, ANPE ejercerá las medidas legales que estime conveniente para salvaguardar los intereses de todos aquellos docentes que se hayan visto, o se vean agraviados, por esta adjudicación, generada por el caos y la improvisación del Gobierno de Castilla La Mancha”.
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