y para realizar altas fraudulentas en el sistema de Seguridad Social, eludiendo el pago de las preceptivas cuotas y consiguiendo el cobro indebido de indemnizaciones por desempleo o la prestación de renta agraria especial. Elaboraban contratos de trabajo y nóminas que simulaban la obtención de ingresos, así como certificados de empadronamiento e informes municipales de habitabilidad de viviendas para adecuarlos a los requisitos exigidos para obtener autorizaciones de residencia. Hasta el hasta el momento han sido arrestadas 148 personas en las provincias de Granada (105), Murcia (23), Jaén (11), Almería (3), Ciudad Real (3), Sevilla (1), Lleida (1) y Badajoz (1).
Solicitudes de residencia irregulares
La investigación se inició en el mes de mayo de 2016, cuando los agentes tuvieron conocimiento de determinadas irregularidades en la solicitud de autorizaciones de residencia por parte de ciudadanos extranjeros, principalmente de nacionalidad marroquí. Tras llevar a una serie de gestiones, se comprobó la existencia de una organización criminal que, a través de un complejo entramado de contrataciones ficticias y falsedades documentales, llevaba a cabo diversas actuaciones delictivas que se extendían a un elevado número de provincias. Facilitaban principalmente la documentación falsificada oportuna para la regularización de ciudadanos extranjeros en nuestro país mediante la obtención de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales -arraigo social- y la reagrupación de sus familiares hacia nuestro país.
Esta documentación consistía en contratos de trabajo y nóminas que simulaban la obtención de cierto nivel de ingresos, así como certificados de empadronamiento e informes municipales de habitabilidad de viviendas a fin de cumplir con los requisitos de capacidad económica y disponibilidad de vivienda adecuada exigidos por la legislación de extranjería para la reagrupación familiar, cometiendo con ello delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregular.
También se averiguó que utilizaban la estructura de la organización para realizar altas fraudulentas en el sistema de Seguridad Social, eludiendo el empleador el pago de sus cuotas y consiguiendo que los beneficiarios reunieran los periodos de cotización oportunos para el cobro indebido de prestaciones -indemnización por desempleo o prestación de renta especial agraria de la Seguridad Social-, sin haber desempeñado actividad laboral alguna.
Detención de los máximos responsables
La complejidad y amplitud de la operación -extendida a 15 provincias españolas y en la que se detectaron hasta 230 personas con responsabilidad en los delitos investigados-, hizo necesaria una actuación operativa en dos fases. La primera actuación se centró en la detención de los principales responsables, que se ocupaban de captar a los extranjeros beneficiarios de las regularizaciones fraudulentas, de gestionar las falsificaciones de los documentos necesarios para justificar los requisitos exigidos en los expedientes administrativos de obtención de la autorización de residencia o reagrupación, y de tramitar las altas en el sistema de Seguridad Social que les permitían obtener las prestaciones fraudulentas.
Finalmente se identificó y se detuvo en Granada al máximo responsable de la organización -un empresario que utilizaba sus propias cuentas de cotización en el Sistema Especial Agrario y en el Régimen General para dar de alta ilegalmente a trabajadores-, y a dos de sus colaboradores. También se practicaron dos registros en los domicilios de los principales investigados, en los que se intervino numerosa documentación. Se estima que el principal investigado pudo obtener un beneficio de medio millón de euros, tanto del fraude directo al erario público, como del importe cobrado a los inmigrantes irregulares por facilitarles los documentos falsos.
Estas actuaciones permitieron a los agentes averiguar que, para la consecución de algunos de los documentos necesarios para los expedientes de regularización de extranjeros, contaban con la connivencia de otras personas que facilitaban sus domicilios para el empadronamiento de inmigrantes y para que cumplieran el requisito de contar con una vivienda adecuada.
Percibieron de forma indebida más de 800.000 euros
La segunda fase del dispositivo, en la que participaron más de 100 agentes, se llevó a cabo la identificación, localización y detención de los beneficiarios de los procedimientos de reagrupación familiar y del uso de los documentos falsificados, utilizados para tramitar las autorizaciones de residencia y obtener de forma fraudulenta prestaciones del sistema de Seguridad Social. Los arrestados pagaban entre 1000 y 5000 euros en función de los diferentes trámites que requerían. Hasta el momento, la operación continúa abierta, han sido detenidas 145 personas por estos hechos. La cantidad percibidas de forma indebida por los detenidos asciende a unos 800.000 euros.
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