El fiscal considera a los cinco procesados coautores de un delito continuado de estafa, por el que solicita que sean condenados a cinco años de prisión cada uno y a que cada uno de ellos pague una multa de 12 euros al día durante 12 meses.
Según se indica en el escrito de acusación del ministerio público, los procesados insertaron entre los años 2006 y 2007 una pluralidad de anuncios de trabajo de "chicos de compañía" en los que figuraban unos teléfonos a los que los interesados debían dirigirse.
El supuesto trabajo consistía en citar a los interesados en hoteles con señoras, a cambio de una alta retribución económica.
Los anuncios fueron publicados en diarios como El País Diario Vasco, El Faro de Vigo, Mediterráneo Castellón, Mundo Deportivo, El Norte de Castilla, El Faro de Ceuta, El Correo Español, 20 Minutos o Mediterráneo Castellón.
Los estafados llamaban a los números donde eran atendidas por las dos mujeres M.L.R. e I.M.V.J., a las que controlaba la pareja sentimental de la segunda, R.V.V., las cuales exigían a los demandantes que pagaran entre 300 y 400 euros para poder acceder al trabajo que solicitaban.
Una vez que realizaban este primer ingreso, se volvían a poner en contacto con las víctimas y mediante un ardid los convencían para la realización de uno o varios ingresos más, con la farsa de asegurar su presencia en la cita o en concepto de seguro de responsabilidad civil, con la promesa de que dichas cantidades les serían devueltas una vez que finalizaran su trabajo.
Las víctimas hacían los pagos mediante transferencias bancarias a números de cuentas de las que era titular otro de los procesados, J.P.S., que tenía como cometido la retirada diaria de la sucursal bancaria las cantidades transferidas a las cuentas.
J.P.S. entregaba el dinero al principal cabecilla de la trama B.M.V.V.. que se encargaba de repartir el dinero entre los integrantes de la banda.
Como consecuencia de este entramado hubo una pluralidad de víctimas que, creyendo en la veracidad del contenido del anuncio publicitado entregaron cantidades de dinero a los acusados, que no les fueron devueltas.
Tampoco lograron ninguna retribución económica por el trabajo solicitado, ya que este no llegaba finalmente a realizarse, según indica el fiscal en su escrito de acusación.
El ministerio público mantiene que los cinco procesados estafaron a 15 personas, en cantidades que van desde 350 euros, la más baja, a 40.122 euros, la más elevada, por las que piden que sean indemnizados conjunta y solidariamente por los ac
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