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El Gobierno de Castilla-La Mancha informará trimestralmente a las Cortes de la asistencia sanitaria prestada con medios ajenos

El Gobierno de Castilla-La Mancha informará trimestralmente a las Cortes de la asistencia sanitaria prestada con medios ajenos
miércoles 13 de abril de 2016, 16:38h

A día de hoy ocho hospitales públicos de la Comunidad Autónoma no han derivado en los últimos nueve meses a ningún paciente para intervención quirúrgica ni para consultas externas a hospitales concertados, 

frente a las casi 6.200 derivaciones que el anterior Ejecutivo regional realizó durante el primer semestre del año 2015.

El portavoz, Nacho Hernando, ha asegurado que las derivaciones “se limitarán a las más estrictamente necesarias una vez agotados todos los recursos públicos, y apostando sólo por centros y clínicas de nuestra región, a menos que no exista la especialidad en nuestra comunidad autónoma”.

El Gobierno regional remitirá un informe trimestral a las Cortes de Castilla-La Mancha sobre la asistencia sanitaria prestada con medios ajenos en procedimientos quirúrgicos, diagnósticos y terapéuticos. Así lo ha anunciado esta mañana el portavoz, Nacho Hernando, en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de Fuensalida para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno itinerante celebrado ayer en Torrijos (Toledo).

Nacho Hernando ha explicado que el Consejo de Gobierno ha encomendado al consejero de Sanidad que realice las actuaciones pertinentes para que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) remita cada tres meses este informe a la Cámara autonómica; medida que se une a las acciones emprendidas por la Consejería para informar a los ciudadanos en su Portal de Transparencia.

En palabras de Hernando, se trata de un ejercicio de transparencia “de verdad” y no como en otros casos, “donde salen antes los papeles de ciertas personas en Panamá que los informes negativos sobre el cementerio nuclear; el mismo que presuntamente se ha aplicado un régimen retributivo especial a la hora de reciclar sus propios residuos fiscales”.

El portavoz ha aclarado la asistencia sanitaria prestada con medios ajenos sólo se producirá “en ocasiones puntuales”, cuando los recursos existentes en la actualidad no permitan atender con medios propios determinadas prestaciones, derivando pacientes a otros centros sanitarios privados, previamente concertados, y conforme a la legislación vigente para la correspondiente asistencia sanitaria.

Nacho Hernando ha recordado que, a día de hoy, ocho hospitales públicos de la Comunidad Autónoma no han derivado en los últimos nueve meses a ningún paciente para intervención quirúrgica ni para consultas externas a hospitales concertados, frente a las casi 6.200 derivaciones que el anterior Ejecutivo regional realizó a clínicas privadas de otras comunidades autónomas durante el primer semestre del año 2015.

Así, Hernando ha asegurado que, dentro de una estrategia para reducir drásticamente las derivaciones, “éstas se limitarán a las más estrictamente necesarias una vez agotados todos los recursos públicos, y apostando sólo por centros y clínicas de nuestra región, a menos que no exista la especialidad  en nuestra comunidad autónoma”.

“Lo que sí hemos realizado -ha puntualizado- son derivaciones “inter centros”, es decir, entre centros públicos del SESCAM”, como ya ocurre, por ejemplo, con el Hospital de Manzanares, que recibe pacientes en lista de espera para intervenciones quirúrgicas de los hospitales de Villarrobledo y Ciudad Real.

El portavoz regional ha enfatizado la reconstrucción de los recursos públicos, tanto materiales como humanos, de la Sanidad pública emprendida por el Ejecutivo de Emiliano García-Page, que incluye también una ambiciosa Oferta Pública de Empleo para 2016, que la Comunidad de Madrid, con un presupuesto seis veces superior al de Castilla-La Mancha, apenas supera en una plaza. 

Plan de Garantía Juvenil

El Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria correspondiente al año 2016 de las ayudas de formación a los alumnos que participan en el Plan de Garantía Juvenil, que ascienden a un total de 300.000 euros y que también servirán para financiar las prácticas en empresas.

La empresa pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM) dispondrá de 600.000 euros para la contratación del suministro de los Equipos de Protección Individual (EPIs) y la equipación técnica complementaria para las campañas de extinción de incendios forestales.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una convocatoria de 450.000 euros destinada a financiar la adquisición de medios materiales para las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de la región. Las ayudas, que se convocan en régimen de concurrencia competitiva, deberán solicitarse a través de las entidades locales de Castilla-La Mancha.

De los 450.000 euros aprobados, 200.000 se destinarán a la adquisición de uniformes y los restantes 250.000 a la compra de medios técnicos, como bombas eléctricas para inundaciones, remolques de carga, tiendas de campaña de primeros auxilios, material de emergencias,  máquinas extendedoras de sal y equipos electrógenos portátiles y complementos.

El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha señalado que esta línea de subvenciones se enmarca dentro de la apuesta del Gobierno de Emiliano Garcia-Page por el desarrollo y la promoción de la labor de estos voluntarios, y tienen como objetivo dotar a estas agrupaciones del equipamiento necesario para hacer frente a las diversas incidencias que se puedan dar en los municipios de nuestra comunidad autónoma.

Gracias a ella, se mejorarán los niveles de equipamiento de las 240 agrupaciones de Protección Civil que hay en Castilla-La Mancha y sus casi 4.000 voluntarios, a los que Hernando ha agradecido en nombre del Gobierno “su importante labor en las zonas urbanas así como en los núcleos rurales de nuestra región, velando siempre por las personas y ofreciendo una respuesta rápida y fiable ante emergencias y catástrofes”.

Plan de Garantía Juvenil

El Consejo de Gobierno también ha aprobado la convocatoria correspondiente al año 2016 de las ayudas de formación a los alumnos que participan en el Plan de Garantía Juvenil en cualquiera de las enseñanzas ofertadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Las ayudas ascienden a un total de 300.000 euros y, además de la formación, también servirán para financiar las prácticas en empresas.

Nacho Hernando ha explicado que las ayudas, dirigidas a jóvenes mayores de 16 años y menores de 30, tienen como objetivo incentivar y facilitar el acceso y participación en las actividades formativas, siendo estas ayudas mayores para aquellos que logren una cualificación, un título o que realicen prácticas en una empresa.

La mayor difusión de este plan de incentivos y el incremento de participantes en las distintas actuaciones previstas augura un aumento importante del gasto ejecutado en la presente convocatoria, ya que en la correspondiente al año 2015, ha destacado, “apenas se ejecutaron 22.000 euros concediendo tan solo sesenta ayudas”.

En comparación con la anterior convocatoria, en la que participaron un total de 230 potenciales solicitantes, en las actividades implantadas hasta el momento en 2016 ya hay inscritos 590 alumnos y se estima que se puedan inscribir otros cien en otras actuaciones de posible implantación hasta que finalice el año.

De este modo, ha apuntado Hernando, la cantidad estimada de posibles solicitantes se multiplicaría por 3 respecto al año pasado hasta alcanzar los 690 alumnos.

Equipamiento para la extinción de incendios forestales

En otro orden de asuntos, el Gobierno regional ha autorizado a la empresa pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM) un gasto de 600.000 euros para llevar a cabo la contratación del suministro de los Equipos de Protección Individual (EPIs) y la equipación técnica complementaria para las campañas de extinción de incendios forestales de la región para las anualidades 2016-2017.

Esta autorización da respuesta al convenio colectivo para el personal de los servicios contra incendios forestales de la Comunidad Autónoma y de acuerdo a lo que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, por la que GEACAM está obligada a dotar a sus casi 1.700 trabajadores con Equipos de Protección Individual que cumplan las medidas de seguridad exigibles para desempeñar correctamente las actuaciones encomendadas y garantizar la protección del personal a los riesgos a los que puedan estar expuestos durante la campaña de incendios.

Hernando también ha recordado que una de las principales medidas acordadas por el presidente García-Page en los primeros meses de gobierno ha sido apostar por el personal que formaba las campañas de prevención y extinción de incendios forestales, aumentando el tiempo de contratación de 9 a 12 meses, “generando mayor estabilidad laboral al colectivo y favoreciendo la protección de nuestro patrimonio natural”.

Ayudas a entidades locales

Por último, el Consejo de Gobierno ha aprobado las bases para la concesión de subvenciones destinadas a actuaciones urgentes e imprevisibles por parte de las entidades locales de la región a través del Fondo Regional de Cooperación Local, tal y como establece la Ley de Entidades Locales, que señala que el 3 por ciento de este fondo se deberá reservar para atender actuaciones urgentes e incidencias imprevisibles.

El Ejecutivo regional ha aprobado una nueva normativa para solventar las deficiencias de la orden en vigor de 11 febrero de 2015 y “acabar con la indefinición, demasiado amplia e indeterminada, que la orden actual establece para el objeto de subvención y, en consecuencia, con la arbitrariedad en las concesiones que ha podido conllevar desde que está vigente”, ha explicado el portavoz.

Nacho Hernando ha desvelado que durante el año 2015 se rechazaron numerosas peticiones de subvención por considerarse que no se ajustaban al verdadero objetivo de las ayudas. En concreto, de las 44 peticiones recibidas el pasado año sólo cinco fueron aceptadas.

La nueva redacción, ha aclarado, pretende “acotar, limitar, y definir con claridad que estas subvenciones tienen por objeto la financiación de actuaciones que deban acometer las entidades locales para solventar deficiencias o daños que se hayan producido en infraestructuras o equipamientos de su titularidad como consecuencia de situaciones de emergencia o catástrofe y que impidan la prestación de un servicio público”.

 

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