Algo huele a podrido

Con esta expresión se trata de poner en almoneda alguna actuación llevada a cabo, quizás, incluso, bajo la forma más exquisita de legalidad, pero que, en su fondo e interior, alberga alguna o algunas anomalías que, en definitiva, acaban provocando un daño a terceros a los que, por lo general, se les ningunea, se pasa por encima de sus cadáveres y se quedan, por así decirlo, a la Luna de Valencia.

Pues bien, dicho lo anterior, y en relación con la reciente venta del Banco Popular a la también Entidad Financiera Banco Santander, por un euro (que supongo habrá debida y cumplidamente pagado, aunque mueva un tanto a chacota), en base a una Resolución, la primera que se adoptaba en estas lides a nivel europeo, sirviendo el citado Banco Popular, de alguna manera, de conejillo de Indias, a fin de evitar rescates bancarios y proteger a los Gobiernos y a los órganos de fiscalización cuando, probablemente, y, más bien, sin probablemente, se les van las cosas de las manos, por su indolencia, su dontancredismo y su saber “no hacer, no tocar”, filosofía que acatan a rajatabla y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Y es que, una vez más, nuestros órganos supervisores, incluido el propio Gobierno de España, han estado, mirando para otro lado, silbando y pasando de sus obligaciones y responsabilidades, como si la cosa no fuera con ellos, que no sé yo para qué se invierte tanto dinero en sostener unos órganos que, a poco que se descuida uno, lo dejan más seco que la mojama, sin darse por enterados, o, quizás, bastante enterados, pero que, por intereses, espurios e inconfesables, de toda índole se llaman andana y que cada cual aguante su vela.

No soy un experto en Derecho Bancario, ni siquiera en Derecho Financiero, y mucho menos, en asuntos macroeconómicos, que todos, sin excepción, me suenan a chino y no sé yo, si quizás (valga otra vez la duda) con unos mimbres más de andar por casa fuera posible resolver los interminables problemas económicos que acaban asolando a un país, hasta el punto de poder dejar en la miseria, en la pobreza, en la indigencia a la inmensa mayoría de sus ciudadanos, a los que, con claridad, aunque no literalmente, parecen decirles “sálvese quien pueda”. Pues bien, en esa ignorancia (que no digo sea supina), yo me hago la siguiente pregunta: ¿quién es el dueño de una Sociedad Anónima? Creo, sin temor a equivocarme, que son los accionistas, que si la entidad va viento en popa pueden recoger suculentos dividendos, pero que si la cosa se tuerce y da por pintar bastos, puede que lleguen a no ganar, al no poder repartir dividendos, caso de no haber beneficios, o, en el peor de los casos, perder su inversión. Ahora bien, vuelvo a  repetir la pregunta ciñéndome al caso concreto del Banco Popular, S.A.: ¿Quiénes son (o eran) los dueños del Banco Popular, Sociedad Anónima?. Pregunta , de Perogrullo, cuya contestación ya ha sido dada anteriormente, o séase, los titulares de las acciones en que se divide su capital social, es decir, los accionistas.

Sabiendo que los dueños del Banco Popular, S.A. eran los titulares o poseedores de esas acciones representativas del capital social, ¿cómo es que, ante la drástica y dramática decisión de vender el mismo por un euro, no fueron convocados a una Junta General Extraordinaria, antes de adoptar tal decisión (lo fuera o no por la Autoridad Europea), para, no digo ya que ellos tomaran una decisión al respecto, que también, sino, al menos, para oír su voz en relación con tan contundente decisión? Decisión que ha supuesto la “expropiación” forzosa, con nocturnidad y alevosía, lo que ha supuesto la reducción del capital social a “cero” y el valor de sus acciones reducido también a “cero”. Yo, si fuera accionista, exigiría, como mínimo, el reparto entre todos los accionistas de ese “euro” conseguido por la venta, que ya son ganas de mentar la soga en casa del ahorcado, de la Entidad en cuestión.

En fin, por esa decisión adoptada allende nuestra fronteras, pero con la connivencia y complicidad de nuestro Gobierno de España y demás organismos de vigilancia, supervisión, inspección y control, más de 305.000 accionistas del Banco Popular, S.A., han perdido toda su inversión en el Banco por el que apostaron, tanto grandes, como medios y pequeños inversores, algunos de los cuales tenían todos sus ahorros (conseguidos durante toda una vida de trabajo, con sudor y también con sangre), quedándose al pairo, y este Gobierno de listos de España, que dice gobernarnos, bailando la yenka y zafándose de cualquier responsabilidad al respecto. En realidad, nos encontramos ante una “expropiación, pura y dura, sin indemnización alguna”, lo que supone una “violentación” del Ordenamiento Jurídico, incluida nuestra Carta Magna, o sea, la Constitución Española, en toda regla, y dejando, de la noche a la mañana, a los accionistas con el papel en la mano y con un valor “cero, patatero”, lo que nos lleva a cuestionar el hecho de en qué Estado de Derecho nos encontramos, en el que la seguridad jurídica, uno de los pilares fundamentales del mismo, campa por su ausencia.

Se trata de explicar, una vez cometida la tropelía, esta acción tan fuera, a mi juicio, de la ley, en que de un día a otro se había producido una fuga de capitales, dejando sin liquidez  a la entidad bancaria, fuga de capitales llevada a cabo de un martes a un miércoles, incluidos depósitos de las Administraciones Públicas, por lo que Bruselas trata de lavarse las manos, como Poncio Pilatos, culpando la caída del Banco a la mala gestión de sus directivos y a la prensa por su  “continuada cobertura negativa” de la citada fuga, como siempre, culpando al mensajero. Aunque no deben de estar muy tranquilos, con la decisión adoptada, cuando la propia Bruselas ha anunciado que asumirá las demandas contra el FROB por el Popular, y es que las demandas al respecto ya han empezado a salir a la luz, no solo contra los antiguos gestores del Banco, entre ellos, Ángel Ron y Emilio Saracho,  sino contra el FROB y la propia JUR (Junta Única de Resolución, a cuyo frente, como presidenta, está Elke Kónig), y también ha dejado entrever la vía para compensar a los accionistas de alguna manera, lo cual delata un importante cargo de conciencia que puede dejar a los pies de los caballos, caso contrario, a las Autoridades Europeas, que tanto se jactan de transparencia, cumplimiento de la ley y protección del ciudadano. Desde luego, la transparencia, brilla por su ausencia, ya que dicha Autoridad se niega a hacer público el informe elaborado por Deloitte, en el que se ha basado la JUR para adoptar una decisión tan atrevida y osada, como dramática y trágica. Y en ello insisten muchas Editoriales de los periódicos de nuestro país (por ejemplo, Expansión, en fecha 1 de Julio, y El Mundo, el 21 de Julio). Por ello, a toro pasado, y digo yo, que para lavar sus malas conciencias, la Presidenta del Mecanismo Europeo de Supervisión (MUS), Daniêle Nouy, ha declarado que hay “margen” para investigar la retirada masiva de depósitos por parte de grandes clientes del Banco Popular, sobre todo del sector público como Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, por si “algunas personas usaron información privilegiada para tratar de protegerse mejor que los pequeños depositantes”, así como la ya indicada posible indemnización o compensación a cargo de Bruselas para los “expropiados accionistas”, porque cuando pueda probarse que cuando hayan recibido “menos de lo que habrían recibido con arreglo a procedimientos de insolvencia ordinarios, deben tener derecho al pago de la diferencia”. Y asimismo, la Unión Europea pide “vigilar de cerca” la compra del Banco Popular por el Banco Santander, o sea, que esa mala conciencia está atormentando, al menos, formalmente o algo, a quienes han tomado parte en lo que podría calificarse como la ejecución de César por los senadores romanos, incluido el protegido Bruto (¿Tú también, Bruto?). Aunque es posible, que todo esto sean fuegos de artificios para callar la boca a más de uno, aunque difícil va a ser callar a esas bocas a las que se les ha expropiado el medio que tenían para subvenir alimentos  a sus poseedores. En cualquier caso, ocurra lo que ocurra, que cosas y gordas han de ocurrir, ante este atropello, chirría que esta “expropiación sin indemnización, con nocturnidad y alevosía”, se haya llevado a cabo sin siquiera oír la voz de los verdaderos y auténticos propietarios de la Entidad Financiera “Banco Popular, S.A.” (antaño, Banco Popular Español, S.A.). Y es que , este caso, traerá cola y no pequeña.

MIGUEL ANGEL VICENTE MARTINEZ

26 de Julio de 2017