O el nuevo DON TANCREDO del solar patrio. Si repasamos la Historia de la Tauromaquia, en su capítulo relativo al espectáculo que protagonizaba el llamado DON TANCREDO, o sea, aquel individuo que, subido a una silla, aguantaba, estoicamente, el paso y las arremetidas del toro en su derredor, sin mover un músculo ni una ceja. Como pone de manifiesto el Diccionario de Uso del Español, de María Moliner, se trata de una “suerte del toreo introducida en España por un torero llamado Tancredo López, quien la vió ejecutar en La Habana, la cual consiste en permanecer el que la ejecuta sobre un pequeño pedestal resistiendo en absoluta inmovilidad la aproximación y contacto del toro. Se prohibió en 1.908, pero todavía se ha repetido alguna vez con posterioridad”. Y añade el citado Diccionario: “se emplea también en sentido figurado, especialmente en política: “Dontancredismo, tancredismo”. Ahí hemos llegado ya donde íbamos.
Y así, en el ámbito de la política ya podemos decir que tenemos muchos Don Tancredos, si consideramos como tales a los políticos que se aferran a la poltrona como una lapa y permanecen quietos, impávidos, ajenos, a todo lo que les caiga encima, aunque sean carros y carretas, pero que tienen como dogma no ser despegados de la dicha poltrona, así caigan rayos y truenos, resistiendo, como buenos Dontancredos, las embestidas que desde todos los ángulos reciben, pero, como en aquella canción de Melody, “antes muerta que sencilla”.
Y para solaz y divertimento del coliseo patrio, hemos hallado a un político, en actitud de Dontancredismo , excepcional y que va camino de superar todas las marcas habidas hasta la actualidad y hacerse con todas las medallas de oro allá donde compita. Me estoy refiriendo a un Ministro, capaz de encaramarse a una silla o a un pedestal , más bien a una poltrona, que resiste sin descabalgarse de ella, pese a las arremetidas y embestidas que el toro le arrea, manteniéndose firme en la susodicha como un pelele de feria.
Este nuevo DON TANCREDO, no es otro que el Ministro de Hacienda, el ínclito, Don Cristóbal Montoro, que si se sintió concernido cuando el Tribunal Constitucional, en su sentencia de 8 de Junio del corriente año, lo corneó, ¡y qué cornada!, por la incostitucionalidad de su “amnistía fiscal”, reiterada y eufemísticamente, calificada o bautizada por el citado, como “regularización fiscal”, pasándose la Constitución Española por el forro o la entrepierna, conculcando principios fundamentales afectantes a los derechos y libertades de los españoles, y poco menos que reduciendo la dicha Constitución a un klínex que, una vez usado, se tira a la papelera (aunque esto es un decir, o, al menos, lo deseable, porque en este país, aún hoy, a duras penas, llamado España, lo normal sería tirar el mentado klínex directamente al suelo).
El Tribunal Constitucional, cumpliendo, bien y fielmente, en este caso, con su obligación de guardar la virginidad de la Carta Magna Española, puso al Ministro de hoja perejil, dejándolo temblando como un junco en medio de un huracán, a los pies de los caballos, desnudo en toda su desnudez (esto último en sentido figurado, porque de lo contrario a más de uno le hubiera dado un yuyu), llamándole de todo lo que se pueda llamar a un inepto o, más bien, a un infractor de la Ley de Leyes, poco menos que reo de delito de lesa majestad.
Pues bien, en esta carrera de Dontancredismo iniciada por el Ministro Montoro, el pasado jueves tuvo su epítome, y lo que te rondaré morena, con la reprobación de su persona por el Congreso de los Diputados, en el que todos los Grupos Políticos lo baldearon como se baldea una alfombra, salvo su propio partido, el PP, ¡cómo no!, y la abstención del PNV, que sigue a lo suyo, esperando que caigan más peras del olmo.
No obstante, no hay que olvidar ni pasar de soslayo sobre este tema que, acaso, sea uno de los más graves que hayan sucedido en nuestra reinstaurada democracia (si es posible seguir llamando democracia a este sucedáneo de que gozamos en España), marcando un hito, posiblemente sólo comparable al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1.981, o al terrorismo de Estado (los GAL), en el que el Ministro Montoro ha estado arropado por el Gobierno en pleno (y aún le siguen arropando, especial y efusivamente el Presidente Mariano Rajoy) y por el Partido Popular, como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que la “amnistía fiscal” fue aprobada por Decreto Ley, emanado del Gobierno de España, y ratificado parlamentariamente por el rodillo del PP, vigente en aquellos momentos (año 2.012). Aunque, teniendo en cuenta que el citado Decreto Ley fue amparado por el Gobierno en pleno, bien podría decirse que la responsabilidad recayó sobre todos sus miembros y que la dimisión, en cualquier caso, debería ser del Gobierno en pleno, máxime teniendo en cuenta que tanto el Presidente, Mariano Rajoy Brey, como la generalidad de sus miembros han defendido públicamente y en sede parlamentaria, contradiciendo la doctrina del Tribunal Constitucional, tomándosela a choteo, poco menos que halagando la hazaña perpetrada con la vejación de la Constitución Española.
Bien es cierto, que la reprobación, aunque no lleva en sí misma pena alguna, pues el reprobado puede regodearse y así lo hace, mofándose de los reprobadores y de la ciudadanía en general, debería, por dignidad, aplicarse el cuento y presentar de inmediato su dimisión, o por lo menos ser obligados a la pena de Sambenito y coroza, a la manera como se utilizaba sobre los condenados por la Inquisición Española, porque la reprobación supone un estigma sobre la cabeza del reprobado y un síntoma de desprecio por parte de todos hacia su persona.
Pues bien, ya tenemos al Ministro, de una parte “CONCERNIDO”, y, de otra, “REPROBADO”, ¿cuál será la próxima? Pues bien, podría ser la de pasar a investigado (o imputado como se ha denominado toda la vida), por sus tejemanejes y enjuagues llevados a cabo, en un clarísimo caso de tráfico de influencias y de uso de información privilegiada. Y ello, a través de la Sociedad que constituyó en 2.006, bajo la denominación de “Montoro y Asociados”, a caballo entre su salida del Gobierno en 2.004 y su regreso a la política en 2.008, pasándole las acciones a su hermano Ricardo y cambiando la denominación de la sociedad, para evitar rastreos y malentendidos, por el de “Equipo Económico”, sobre la que la titular del Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid ha admitido la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra la citada Sociedad. En concreto, la querella se dirige contra la propia Sociedad, como persona jurídica, y siete personas físicas: Ricardo Martínez Rico, Secretario de Estado de Presupuestos con Cristóbal Montoro durante el mandato de José-María Aznar como Presidente del Gobierno; Salvador Ruis, ex-Director General de la Agencia Tributaria; Francisco Piedras, que fue Director General del Gabinete Técnico en el Ministerio de Hacienda; Manuel de Vicente-Tutor, exdirector del Gabinete del Director General de la Agencia Tributaria; Ricardo Montoro, hermano del Ministro; Manuel Teruel, entonces Presidente de las Cámaras de Comercio; y Carmen de Miguel, Directora General. O sea, un elenco de primera división y de tentáculos arraigados en la columna vertebral de la Administración Económica y Tributaria del Estado, o sea, la élite de la cúpula de la Agencia Tributaria para más señas, sin olvidar las cenas que les organizaba su conmilitón Rodrigo Rato (¡menuda pieza!) con importantes empresarios, incluso del IBEX-35, para ponerles al día de las políticas económicas del PP, para cuando llegara al Gobierno, lo que se preveía. No son baladíes los delitos, presuntos, que se les imputan: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsificación de documentos mercantiles y certificados. Desde luego, que el despacho en la Subdelegación del Gobierno en Andalucía ve “mien mano” de Alfonso Guerra se queda en mantillas.
¡Dios mío!, y el recién nombrado Presidente de la Republique Francaise, Emmanuelle Macron, ha hecho dimitir, sin llevar en el cargo más de veinte días, a dos de sus Ministros: Richard Ferrand, mano derecha del Presidente francés durante la campaña electoral, lastrado por sospechas de nepotismo; y a Sylvie Gaulard, ya ex-Ministra de Defensa, por posibles irregularidades en el pago de los sueldos de sus asistentes cuando era eurodiputada. Simples sospechas, que podrían arrastrar a más Ministros, dando ejemplo de lo que es una verdadera democracia y donde se aplica que “el que la hace, la paga”, y no como en este remedo de democracia española, en el que los culpables, aun pendientes de ser declarados así por los Tribunales, se toman a chacota sus incumplimientos de la ley, porque se consideran investidos de un poder divino análogo al que sostenía a los Reyes Absolutos de la Edad Moderna, y entonando dicho aserto como un mantra los prebostes del Partido Popular, que aplican el mismo a los demás, pero que parece que para ellos el que la hace no la paga, sino que aún se encumbra mucho más.
En fin, esto es hacer política, en este País, repito, aún hoy, a duras penas, llamado España, o como bien dijera nuestro inmortal Antonio Machado, “la España de Charanga y pandereta” y, en este caso, el Alguacil Alguacilazo (o endemoniado) como nos dejara escrito el irónico Francisco de Quevedo y Villegas .
MIGUEL-ANGEL VICENTE MARTINEZ
5 de julio de 2017
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