En definitiva, si para que un país pueda ser calificado de Estado de Derecho, es condición sine qua non que se respete escrupulosamente la separación de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), España ya, a conciencia, incumple esa condición al inmiscuirse el Ejecutivo y el Legislativo en la designación de cargos dentro del Consejo General del Poder Judicial, del que dependen los nombramientos de los principales órganos judiciales del país; si, a mayor abundamiento, vemos que los propios gobernantes, obligados a cumplir y hacer cumplir la ley, pasan de largo de hacerlo por considerarse, por el solo hecho de haber obtenido el cargo, por encima del bien y del mal, y si, para mayor inri, carecemos de un sistema impositivo justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso tendrá carácter confiscatorio, estando a remolque de sentencias judiciales patrias o europeas que le enmiendan la plana una y otra vez al legislador, en base a que una Ley no basta con que se apruebe por las mayorías parlamentarias establecidas, sino que una ley ante todo y por todo ha de ser “justa”, de cuya característica adolecen muchas normas de nuestro Ordenamiento Jurídico, y sobremanera en materia tan sensible y delicada como es la Fiscal o Impositiva, bien podemos concluir que España de Estado de Derecho, nada de nada o res de res si lo preferimos en catalán, y en materia impositiva se constituye como un Estado Confiscatorio, con la agravante de que ese exceso de recaudación o confiscación que se le aplica al ciudadano, no va ligada a una aplicación correcta, justa y social de los recursos públicos, sino que una buena parte de ellos se desvanece en las sombras y las cloacas de nuestros mandamases, por lo que en concomitancia con este abrecadabra no es de extrañar que la preocupación de los españoles por la corrupción haya subido en el pasado mes de marzo al 44’8%, siendo el segundo de los problemas (el primero sigue siendo el paro, pese a la vocinglería de que la recuperación ha llegado) que más preocupan en la actualidad a los españolitos de a pie, pues por mucho que el Presidente del Gobierno de España, Don Mariano Rajoy Brey, y la Vicepresidenta del Gobierno de España, Doña Soraya Sáenz de Santamaría, no dejen de propalar que este Gobierno y su partido el PP, son los que más medidas hayan adoptado para luchar contra la corrupción, pruebas son amores y no buenas razones, no se nos escapa que la corrupción sigue su marchamo rampante y, particularmente, en el seno del propio Partido Popular, que se llama andana y mira para otro lado como si los apestados por la corrupción fueran otros y a ellos les sorprendiera la misma.
Pues bien, es sabido que, en un Estado de Derecho, el Gobierno, que es el buque insignia del mismo, ha de respetar la ley a rajatabla y, además, no debe engañar a los ciudadanos bajo ningún concepto, porque lo contrario sería tomar por tontos, cuando no de incapaces, a aquellos a los que deben respeto, pues no en vano, los políticos y la Administración Pública en general deben su razón de existir a la necesidad de una buena gobernanza y administración de los caudales públicos (obtenidos con el trabajo y el sudor de la frente de aquellos ciudadanos), que deben administrar y disponer con sumo tino y legalidad en beneficio del interés general de esos ciudadanos a los que se les reclama la imposición fiscal para subvenir los servicios públicos y sociales, sin que deban escatimar esfuerzo alguno en ello, porque, a la postre y por su propia naturaleza, los cargos públicos, sean políticos o funcionarios, están al servicio del ciudadano y no a la inversa, como espuria y torticeramente se considera en este país, aún hoy, a duras penas, llamado España, en el que cualquier gerifaltillo o funcionarillo, en el ámbito de su competencia, se cree un Dios al que la ciudadanía debe hacer ofrendas y rogativas a fin de que la ira de los mismos no caiga como rayo mortífero sobre quienes tienen el derecho a exigir de aquéllos un comportamiento ejemplar. Mas esto, en nuestro país, parece funcionar y ser entendido al revés, aunque formalmente bien se preocupan nuestros mandamases de proclamar lo contrario. Y ahí, sobre el terreno, tenemos a la primera autoridad de la Nación, tras el Jefe del Estado (su Majestad el Rey Felipe VI), o sea, a un tal Rajoy, Mariano y Brey de segundo apellido, a la sazón Presidente del Gobierno de España que, con un morro que se lo pisa, viene propalando, sin venir a cuento y como un mantra, quizás para tapar sus carencias y agujeros negros y los de su Partido, de que toda Europa defiende el respecto a la ley, avisando que Europa nunca apoyará a quien se salte la ley, lo cual es un oxímoron inaudito en un Jefe de Gobierno, y es tanto como mentar la soga en casa del ahorcado pues el cumplimiento de la Ley debiera presumirse en todo ser pensante, inteligente y responsable, a la manera como se presume el valor en los otrora quintos llamados a filas en el cumplimiento del servicio militar obligatorio. Mas si tan seguro está de su aserto, bien se lo podría aplicar a sí mismo y a su Partido, el Partido Popular, que un día sí y otro también, se ve envuelto en casos galopantes de corrupción, lo que supone, prima facie, un incumplimiento continuo y persistente de esa ley que tan pomposamente nuestro ínclito Presidente no se cansa de hacernos comprender que hay que cumplirla sí o sí. Como digo, bien podría aplicarse el cuento a sí mismo y a su Partido, a no ser que esté convencido, como creo que lo está, de que por ser quienes son no se sienten concernidos a tal cumplimiento, pudiendo hacer de su capa un sayo y enriquecerse, muy millonariamente, a costa de los caudales del erario público, que no son otros que los allegados, como también hemos dicho, con el trabajo y el sudor de los ciudadanos, y, a veces, con sangre, lo que no deja de ser grave, para que una casta corrupta por naturaleza se haga con el botín para su beneficio propio, mediante el saqueo de la Caja Pública de Caudales, y que por más que se llene con el sistema confiscatorio impositivo que rige en España, siempre se halla más seca que la mojama. Por lo que el aserto de nuestro propio Presidente del Gobierno pidiendo responsabilidad en la gestión del dinero público, suena a cuento chino, a cachondeo, a mofa y a tomadura de pelo a la ciudadanía en general, máxime con la que esta cayendo sobre el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, que se ha convertido en una olla a presión que ha empezado a explosionar y sobre la que no se puede aventurar su finalización.
MIGUEL-ANGEL VICENTE MARTINEZ
26 de abril de 2017
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