De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Constitución Española, “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. Y en la jura o toma de posesión de los cargos públicos, Presidente del Gobierno y Ministros incluidos, asumen, por juramento o promesa, “cumplir y hacer cumplir la Ley”. Pero, por lo que se ve, piensan estos señores que esto de cumplir las leyes es solo para el resto de los mortales, para los ciudadanos de a pie, pero no para ellos que, por el solo hecho de acceder a un cargo público, se consideran por encima del bien y del mal y, por ende, por encima de las leyes.
Ahora bien, cuando a esos señores les interesa, sí hacen uso de los preceptos constitucionales como arma arrojadiza contra el contrario, tal como viene ocurriendo con las reiteradas admoniciones de nuestro Presidente del Gobierno Don Mariano Rajoy Brey, y nuestra Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que utilizan como una muletilla el mantra de que todos los políticos deben respetar las leyes cuando se refieren al proceso independentista de Cataluña y que hay que acatar las sentencias de los Jueces y Tribunales, para denostar aún más, a los cabezas de turco que se han elegido para darle en la cresta a dicho proceso con el ex-Presidente de la Generalitat, Artur Mas, al frente, o al Senador por PDCat, Francesc Homs, en una actitud hipócrita y farisea, recalcando la paja en el ojo ajeno, e ignorando los vigones que se amontonan en ojo u ojos propios. Y en este mismo sentido, las más que repetidas amonestaciones, de nuestro Presidente del Gobierno, Sr. Rajoy, del Ministro de Justicia, Rafael Catalá y otros miembros del Gobierno y demás gerifaltes del Partido Popular, que, tratándose de otros, enfatizan con el soniquete y estribillo del respeto a las leyes, de que todos somos iguales ante la Ley y de que la Justicia es igual para todos, recordando en este último inciso el mensaje de su Majestad del Rey, Don Juan-Carlos I, en su última Navidad al frente de la Jefatura del Estado y al que habría que espetarle qué coño pasaba en su despacho, conforme a las escuchas y grabaciones que se van haciendo públicas, cuando en el mismo debería haber estado tratando asuntos de Estado y más serios que los líos de faldas.
Pero ya sabemos que, en este país de nuestras desgracias (para el ciudadano de a pie), nada es lo que parece cuando están por medio nuestros políticos de turno y cualquier cosa puede acaecer, por más disparatada que nos parezca, pero que nos la dorarán bajo el manto de la más estricta normalidad. Y mientras unos mueren de hambre, otros se forran el riñón y han de ser atendidos en urgencias de empacho y de indigestiones.
Pues bien, llegados a este punto, hay que poner de manifiesto que las Leyes y demás normas de nuestro Ordenamiento Jurídico han de cumplir con la Norma de Normas que es nuestra Constitución Española y, por tanto, la aprobación y promulgación de las mismas, así como su aplicación e interpretación, han de verificarse de manera acorde con los mandatos constitucionales de la dicha Carta Magna. Y, si bien es cierto que las Leyes se aprueban en el Parlamento Español, conforme a las mayorías requeridas legalmente, tras su debate, deliberación y, en su caso, discusión, buscando el consenso, siendo dicho Órgano (el Parlamento) quien encarna el Poder Legislativo, conforme a la voluntad popular manifestada en las elecciones, no tiene carta blanca dicho Parlamento para hacer de su capa un sayo, y conculcar los mandatos constitucionales aprobando leyes y normas a la buena de Dios y salga el sol por Antequera y póngase por donde quiera, pues a todos nos repugnarían las leyes injustas, contrarias a los principios constitucionales que encarna nuestra Ley de Leyes, tal como sería el caso de que, hipotéticamente, incluso por unanimidad de las dos Cámaras Legislativas (Congreso de los Diputados y Senado), se aprobara una Ley que obligara a practicar la eutanasia forzosa anticipada a todos los mayores de 65 años, para evitar de esta manera, que nuestro sistema de la Seguridad Social quiebre, como parece a lo que está abocado. Este es un ejemplo límite e impensable, pero no muy lejos del mismo tenemos ejemplos casi a diario, tal como ocurrió con la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por el rodillo parlamentario pepero, aun en contra de numerosas voces, dentro y fuera de España, que la tachaban de dictatorial y que, por ello, ahora que el Partido Popular ha perdido la mayoría absoluta, anda debatiéndose en el Congreso su modificación para adaptarla y ajustarla a los principios democráticos que inspiran nuestro Ordenamiento Jurídico. Y es que no hay juguete más peligroso, o arma más peligrosa, que un Partido alcance la mayoría absoluta en las Cámaras Legislativas, pues sabido es que la cabra tira al monte, y esos tics dictatoriales, durante la anterior completa legislatura, hicieron del Partido Popular un rehén de los mismos, y ahora se nota esa falta de cintura, esa falta de diálogo y disposición, para afrontar el día a día de nuestro país, en minoría, y teniendo que sentarse al lado de partidos a los que anteriormente denostaron y, pese a todo, aún siguen denostando.
Pues bien, cabe preguntarse qué clase de legisladores (y por extensión, qué clase de políticos) tenemos en España, que han de ser enmendados o por los Tribunales españoles o por los Tribunales de Justicia Europea, sacándonos los colores, todos, los del arco iris, pero aquí parecen nuestros dichos políticos encantados de haberse conocido, creyendo que el mundo gira sobre sus ombligos, o que sus ombligos son el centro del mundo. Y esto sirve para todo el arco parlamentario, estuviera al frente el PP, ya lo estuviese el PSOE.
Y así nos luce el pelo y nos exponemos de continuo a quedar con el culo al aire cuando un verdadero Estado de Derecho se afrenta al que aquí, en España, con ligereza e irreflexión, decimos gozar.
Y como aquí, en esta tierra española tan salerosa y garbosa se cierran los ojos y se arrojan nuestro políticos sin salvavidas al océano a nadar contracorriente y que parece que, como hemos dicho, lo que ellos predican de transparencia y de cumplimiento de la ley lo reservan única y exclusivamente para el ciudadano de a pie, pero nunca jamás para ellos y como tienen esa cara más dura que el pedernal, este fin de semana nuestro Presidente del Gobierno, sin sonrojarse y más ancho que largo, se ha dedicado desde Roma a propalar que Europa nunca apoyará a quien se salta la ley, ya que toda Europa defiende el respeto a la ley, apuntándose y arrogándose la mención al Estado de Derecho en el texto final de esa híbrida y artificiosa declaración de unidad que teatralizaron los 27 líderes europeos (excluido ya el Reino Unido), dándose un baño de masas y autoengañándose para seguir adelante, lo que es tanto como mentar la soga en casa del ahorcado, olvidando la negra sombra que sobre las cloacas de su partido alientan todo tipo de financiación ilegal, sobres en B incluidos, amén de la vuelta de tuerca que bajo su mandato el ex Ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, dio a la separación de poderes en nuestro país, base fundamental y sine qua non, puede catalogarse a un país como Estado de Derecho, convirtiendo al Poder Judicial en títere y rehén de los otros dos Poderes, el Legislativo y el Ejecutivo, pero esto para nuestro Presidente del Gobierno parece ser pecata minuta. Por cierto, cómo estarán los ánimos de los socios de la UE tras la espantada del Reino Unido, que han tenido que echar mano de Su Santidad Francisco I, involucrándolo en su engendro, aunque, por cierto, el Papa, con visión divina, les alertó del riesgo de muerte de la UE.
Basta recordar, a título meramente enunciativo, el varapalo que a nuestra legislación hipotecaria le han venido y le vienen dando los Tribunales Europeos (concretamente, el de Estrasburgo) al considerar la misma contraria a casi todos los principios que deben inspirar una legislación en un Estado que se precie de Derecho. Cláusulas suelo, desahucios poco menos que criminales; o por nuestros Tribunales interiores, incluido el Constitucional: gastos de formalización de las hipotecas, Preferentes, Tarjetas Black o Blancas, que tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando. Y cierra la puerta, que entra frío y me resfrío: ahí tenemos la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Madrid que obliga al Estado a compensar a Abertis por la caída del tráfico en la AP-7, con la friolera, nada más y nada menos, de 1.494 millones de euros, gracias a la negligencia de la que fuera Ministra de Fomento (una de las más ineptas, indocumentada y analfabeta que haya puesto su antifonario en la poltrona de un Ministerio del Gobierno de España), al firmar el contrato procedente con la citada Entidad, aun pese a la advertencia del Consejo de Estado de que el mismo era lesivo para el interés público, o sea, para el Erario Público, o sea, para los bolsillos de los ciudadanos, que somos, a la postre, quienes acarreamos con las consecuencias de las irresponsabilidades, despilfarros y malversaciones de nuestros mandatarios.
MIGUEL-ANGEL VICENTE MARTINEZ
29 de marzo de 2017
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