Hartos estamos de oír y escuchar a nuestros representantes políticos, amén de a toda una tropa de plumillas, analistas, tertulianos y opinadores, con reiteración, como un mantra, que en España nos hallamos ante un Estado de Derecho, o un Estado constitucional, o un Estado Democrático, incluso, a veces, casi todas, añadiendo el término “consolidado” o “maduro”.
Este es, repito el mantra, de toda esa patulea que vive del erario público o de estómagos agradecidos hasta la extenuación, capaces de catalogar lo blanco como negro y viceversa, si el gerifalte de turno así les conmina, o aún, ya por conocido, sin que nadie inste a ello, porque es uno de los mandamientos, para ellos el primero, a fin de seguir manteniendo en la inopia al pueblo ciudadano, mediante un engaño que, a poco que se rasque sobre la superficie, deja a esos bocazas con el culo al aire.
A la consecución de ese Estado de Derecho tiende la Constitución española cuando en su Preámbulo, proclama su voluntad de: “ Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular”.
Y es que, si nos atenemos a lo que desde Montesquieu se ha considerado como un baluarte para poder definir a un Estado, como Estado de Derecho, pronto nos damos de bruces con la realidad, y ese primer paso, ese primer principio sobre el que descansa todo el entramado del Ordenamiento Jurídico que debe regir un País, libre y democrático, vemos que hace aguas por los cuatro puntos cardinales, y, por tanto, arrastra a la hecatombe a todo ese entramado legislativo que debe regular la vida y los bienes de los ciudadanos.
Me estoy refiriendo, por si alguien o algunos lo hubieren olvidado, o taimadamente se lo pasan por el arco del triunfo, al Principio de Separación de Poderes, o sea, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, separación, constitutiva de ese principio esencial, sine qua non, no se puede catalogar a un Estado de Estado de Derecho, por más que toda la oficialidad política, amén de toda esa cohorte de adláteres, acólitos, corifeos, paniaguados y mamandurrieros, como un coro celestial, aclamen la bondad del Estado a que nos venimos refiriendo, en ese afán de creer que una mentira mil veces repetida se convierte en verdad, lo cual no es así, por muy mucho que toda ese conglomerado de estómagos agradecidos, cual legión de apóstoles, vayan difundiendo esa doctrina por todo el territorio nacional e, incluso, allende nuestras fronteras, dejando a las claras rastro de un Estado más catalogable dentro de los que se denominan repúblicas bananeras.
Y en verdad, que ese principio que debiera relucir más que el sol, en todos los páramos delimitados por las fronteras de España, declina en su acatamiento desde el primer momento dejando convertida nuestra endeble democracia en aguas de borrajas. Y es que, esa pretendida y, en su caso, deseada separación desde el primer minuto queda incumplida y, por tanto, falta ese basamento primigenio fundamental para considerar a un Estado como Estado de Derecho, con arreglo a los principios esgrimidos por Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu. En principio, la inmisión del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo es ya casi por definición, al conformarse el Gobierno por las mayorías parlamentarias, sobre todo cuando se obtiene una mayoría absoluta por un solo Partido Político que hace rehén al Poder Legislativo del Poder Ejecutivo, sobremanera mientras siga vigente el principio que impera en los partidos Políticos de la “disciplina de voto”, según la cual el parlamentario ha de votar lo que le manden desde arriba, esté o no de acuerdo con lo que se somete a su criterio y voto, habiéndose puesto de manifiesto esta contradicción, totalmente antidemocrática, principalmente en los supuestos que han abordado alguna cuestión moral, llamada de conciencia, tal como el aborto, o la más reciente, de la imposición de la Gestora del PSOE (tras defenestrar a su legítimo Secretario General, Pedro Sánchez, en un golpe de mano ilegitimo y torticero) a sus diputados a acatar sin rechistar la abstención en la votación para encumbrar de nuevo al Sr. Don Mariano Rajoy Brey a la Poltrona de la Presidencia del Gobierno de España, con consecuencias nefastas para los díscolos, que por uno u otro motivo, se han desmarcado de esa displicente “disciplina de partido”, algunos de los cuales, salvo excepción, han sido sancionados, defenestrados y relegados a la indigencia política. Y eso, que los Partidos Políticos se llaman a sí mismos democráticos, y cuyo funcionamiento democrático lo impone el último inciso del artículo 6 de la Constitución Española, (“Los partidos políticos...Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”), y a mayor abundamiento el artículo 67.2 de la Propia Carta Magna, sanciona que “Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo.”, con arreglo al cual los preceptos de los Estatutos internos de los Partidos Políticos que impongan ese mandato imperativo son desde todo punto de vista inconstitucionales, y, por tanto, nulos de pleno derecho. Pero esto, para los mandamases de esos Partidos Políticos es como quien oye llover, cuando, en realidad, debería caérseles la cara de vergüenza por contravenir tan clara y torticeramente, los mandatos, esos sí, imperativos, que manan de nuestra Ley de Leyes.
Y si nos fijamos y analizamos el Poder Judicial, tenemos otro tanto de lo mismo, o sea, que la inmisión del Poder Ejecutivo en su funcionamiento y estructura es de tal calado que, una vez más, se incumple otro mandato constitucional, a saber el artículo 117 de la Constitución que en su punto 1. establece que “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley”. Y aquí sí que se da un incumplimiento de un calibre especialmente peligroso, tanto más en cuanto que, al ciudadano de a pie, cuando se pisan, desconocen y machacan sus derechos y libertades, no les queda otra salida que acudir a la Justicia, como vulgarmente se expresa, para restablecer el orden constitucional conculcado, pero largo se lo fiamos, que diría Don Juan Tenorio, si esos Jueces y Tribunales se hallan mediatizados por la “longa manu” del Poder Ejecutivo, el cual se inmiscuye, desde la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1.985, bajo el mandato del entonces Presidente del Gobierno, Don Felipe González, que dió pie a que el Ejecutivo, en connivencia con el Legislativo, interfiriese descaradamente en los nombramientos de los miembros de los Altos Órganos de dirección, administración, control, vigilancia y decisión de la Administración de Justicia a través del Consejo General del Poder Judicial y, mediante éste, en el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, amén del nombramiento directo del Fiscal General del Estado, que por la organización jerárquica de la Fiscalía, ordena y manda a todos los Fiscales de España sin excepción, con lo cual ocurren casos de verdadera vergüenza despótica como los ocurridos en el enjuiciamiento de la Infanta Cristina, en el caso Noos, siendo el Fiscal Horrach, el verdadero Abogado Defensor de la misma, o el cambio de Fiscal General del Estado, Sr. Don José-Manuel Maza, en lugar de Doña Consuelo Madrigal, por haberse negado ésta a sustituir a la inmensa mayoría de los Fiscales Anticorrupción, especialmente en Murcia, para ahorrar contratiempos al Gobierno y al Partido que lo sustenta en el Poder, el Partido Popular. Recordemos a este respecto, que el propio Partido Popular, en la oposición y en su programa electoral para el año 2.011, propugnaba devolver el nombramiento de los miembros de esos Altos Cargos Judiciales a la propia Judicatura. Pero ya sabemos, que una vez instalado en el Poder, el entonces Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, no hizo sino apuntillar y atornillar más, si cabe, la injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, haciendo, como en casi todo, lo contrario a lo prometido, en base a lo cual los Populares obtuvieron una mayoría absoluta histórica, a fuerza de defraudar la confianza depositada en ellos por la ciudadanía.
MIGUEL-ANGEL VICENTE MARTINEZ
22 de marzo de 2017
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