por el Gobierno de Castilla-La Mancha contra la definición de la cuenca del Júcar al entender que es "ilegal" y no se ajusta a la realidad del territorio.
Tras esta resolución, dictada por el TC el pasado 19 de julio y que publicó ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno de Castilla-La Mancha espera que "la justicia acabe evitando la inclusión de las cuencas intracomunitarias valencianas en el Júcar", según ha informado hoy la Consejería de Fomento en nota de prensa.
El Gobierno de Castilla-La Mancha presentó el pasado mes de marzo un requerimiento de incompetencia al Consejo de Ministros para pedirle que rectificara el ámbito territorial de esta cuenca.
El Ejecutivo autonómico solicitó la derogación de los artículos 1 y 2 del Real Decreto 775/2015 donde se fija el ámbito territorial de la demarcación hidrográfica del Júcar, por incluir cuencas intracomunitarias pertenecientes a la comunidad autónoma de Valencia.
Después de que el Gobierno de España no se pronunciase en el plazo legal de dos meses, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha presentó un nuevo conflicto de competencia ante el plan de cuenca y ante el Tribunal Constitucional.
A juicio del Gobierno regional, con esta normativa se produce "una merma" de los derechos de agua de la cuenca cedente porque se "permite que intercambios de agua que antes eran considerados trasvases pasen a ser simples derivaciones internas entre caudales de una misma cuenca".
Además, hay una menor representatividad de la región en los órganos de toma de decisiones de la Confederación Hidrográfica (CHJ) porque la comunidad pierde dos representantes al alterarse el cálculo con la suma de la población abastecida de estas cuencas agregadas artificialmente al sistema.
Consejera
La doble reforma normativa aprobada por el Gobierno de España supone "un grave perjuicio para los intereses de la región", tal y como manifestaba la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, en rueda de prensa hace cinco meses para comunicar el conflicto de competencias planteado al Consejo de Ministros. La consejera afirmaba entonces que la nueva definición legal consolida la inclusión provisional realizada en 2013 de una serie de cuencas situadas en la Comunidad Valenciana como parte del sistema del río Júcar al que antes no pertenecían.
La consejera tildaba de “inaudita” esta fusión de dos cuencas antes separadas, por lo que el Ejecutivo regional entiende que se produce una merma de los derechos de agua de la cuenca cedente en un doble sentido. En primer lugar porque permite que intercambios de agua que antes eran considerados trasvases pasen a ser simples derivaciones internas entre caudales de una misma cuenca. En los términos en los que el Gobierno de España definía esta cuestión, la normativa sustrae el acceso a nuevos caudales de agua a la provincia de Albacete, ya que podrían trasvasarse a comarcas de alta demanda de la costa levantina. Esta modificación introducía, a criterio del Gobierno de Castilla-La Mancha, un déficit de agua ficticio en el Júcar, lo que obligaría a repartir caudales con comarcas que antes eran ajenas a la demarcación. La consejera hablaba de una importante empresa potencialmente afectada del sector agroalimentario en la provincia de Albacete.
Además, el contenido del Real Decreto perjudica a Castilla-La Mancha en un segundo aspecto. Se trata de la menor representatividad que obtiene la región en los órganos de toma de decisiones de la Confederación Hidrográfica (CHJ). Con el nuevo reparto, la Comunidad Autónoma castellano-manchega pierde dos representantes ante la CHJ, ya que el cálculo se ve alterado al sumar a la población abastecida de estas cuencas agregadas artificialmente al sistema.
La consejera ya advirtió en marzo sobre la disposición del Gobierno de Castilla-La Mancha de recurrir ante los tribunales de Justicia si el Gobierno de España no rectificaba el ámbito territorial del Júcar.
Si (
No(
