La Ley de Protección del Menor, que la consejería dice querer cumplir, establece la creación de un registro de condenados por delitos de tipo sexual que debería ser de donde se extrajese el certificado penal requerido por las administraciones públicas. Sin embargo, este registro todavía no está creado, por lo que la exigencia de la Consejería ni siquiera puede ser cumplida conforme a establece la mencionada Ley
Este lunes, 9 de noviembre, tuvo lugar un proceso de asignación de cobertura de sustituciones para funcionarios docentes interinos en centros de educación pública de Castilla-La Mancha en el que, por primera vez en la historia de la Comunidad Autónoma, se exigía a los docentes la presentación de un certificado penal que acredite no haber sido condenado por delitos sexuales. La medida, según la Consejería, se aplica en cumplimiento de la Ley de Protección del Menor, publicada este mismo 2015.
“Hemos hecho saber a la Consejería que no podemos aceptar que la implantación de esta medida, dada la importancia que puede tener, se haya hecho por sorpresa y sin negociación con los representantes de los trabajadores”, indica Miguel Ángel Vaquero, responsable de Personal Docentes No Universitario de la Federación de Enseñanza de CCOO CLM.
“De repente, sin previo aviso, se ha exigido a compañeras y compañeros interinos en paro que paguen una tasa de 3,70 euros por un certificado para poder trabajar unas pocas semanas como sustitutos. Docentes que, en la mayoría de los casos, tienen ya experiencia demostrada en enseñanza pública y a los que ahora se pone en duda su profesionalidad y honradez.”
“Cabe destacar”, explica Vaquero, “que la nueva Ley de Protección del Menor establece la creación de un registro de condenados por delitos de este tipo, que debería ser de donde se extrajese el certificado penal requerido por las administraciones públicas. Sin embargo, este registro todavía no está creado, por lo que la exigencia de la Consejería ni siquiera puede ser cumplida conforme a establece la mencionada Ley.”
“Al no existir aún ese registro de este tipo, el certificado penal requerido no podrá acreditar si el interesado está o no en dicho registro. Creemos que en este caso la Consejería se ha adelantado más de la cuenta, en vez de esperar a regular adecuadamente esta medida junto con el resto de administraciones públicas implicadas"
Miguel Ángel Vaquero cuestiona también las razones por las que esta medida sale ahora la luz: “La semana pasada se empezó a cuestionar la labor de los docentes, a raíz de la redacción del libro blanco del sistema educativo, dando a entender que los posibles problemas en educación eran culpa de estos profesionales, poniendo en duda su trabajo y lo que cobraban por él.”
“Esta semana, de repente, se pone en tela de juicio la honradez de todo un colectivo. Tratando como posibles delincuentes a todos los docentes se está buscando arrojar una sombra de sospecha sobre estos profesionales, de cara a la opinión pública y con intenciones políticas”.
De la misma manera, desde CCOO tampoco entienden que no se haya explicado todavía por qué se exige únicamente a los docentes interinos de la enseñanza pública de Castilla La Mancha. Por todo ello, CCOO seguirá exigiendo a la Consejería que se replantee seriamente la forma de llevar a cabo esta medida, asegurando en cualquier caso el escrupuloso respeto de los derechos fundamentales de las y los trabajadores de la enseñanza pública.
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