Para ello, en la propuesta socialista, tal y como expuso la edil Marisa Sánchez, se solicita que el Pleno del Ayuntamiento adopte el compromiso de recoger la figura de educador social en el catálogo de puestos de trabajo y en su relación de puestos de trabajo; así como que en las ofertas municipales de trabajo, para desempeñar las funciones de educador social, el Ayuntamiento exija la titulación académica requerida para tal fin; y, por último, que el Pleno Municipal inste al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a que redacte una Ley de regulación de la profesión de educador social.
En este punto, Marisa Sánchez recordó que la Educación Social obtuvo el reconocimiento académico y formativo, a través de la aprobación de un Real Decreto, en 1991, en el que quedaba establecido el diseño curricular de las formaciones para la diplomatura universitaria de Educación Social, que actualmente tienen la consideración académica de Grado de Educación Superior.
“Las educadoras y los educadores sociales intervienen de forma directa, para actuar sobre determinadas situaciones sociales, a través de estrategias de carácter educativo. Además, se organizan en colegios profesionales, que promueven el desarrollo de la disciplina y fomentan las buenas prácticas. Cabe destacar la presencia de la Educación Social en los servicios sociales municipales. Su incorporación a los equipos profesionales de servicios sociales de los ayuntamientos ha sido progresiva a lo largo de los últimos 20 años, siendo en la actualidad un perfil habitual y fundamental”, aseveró la concejala socialista.
No obstante, Sánchez precisó que “la falta de regulación de la profesión provoca que no estén claros los límites y el alcance de la misma, produciéndose intrusismo profesional y desconocimiento a la hora de afrontar procesos públicos de selección de esta figura profesional, así como de las funciones asignadas a la misma”.
Frente ante esta situación, Marisa Sánchez aseveró que el PSOE es partidario de poner los medios para que “la de educador social pueda ser una profesión estable, dotada de un cuerpo de conocimientos distintivos y específicos a través de la investigación científica y el desarrollo teórico de la pedagogía social, plasmados en la educación formal de diplomatura o grado. El desarrollo de funciones públicas específicas con criterios técnicos de intervención, el reconocimiento de una retribución económica, la asunción de un compromiso ético y el autocontrol sobre el colectivo que ejercen los colegios profesionales son argumentos que evidencian un claro desfase entre la realidad de la profesión y su falta de regulación por parte de las administraciones”, concluyó la viceportavoz municipal del PSOE.
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