La catadura del Gobierno de España

Miércoles, 14 Junio 2017 02:27   Miguel Ángel Vicente Opinion
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Según el diccionario de Uso del Español, de María Moliner, “catadura” es definida como “aspecto de una persona por su cara” y añade que “se usa con adjetivos que expresan cualidades negativas, como fea, mala, etc.., y pone como ejemplo el siguiente: “No me gusta la catadura de ese hombre”.

Pues bien, esa catadura en cuanto al aspecto de una persona fea, mala, impresentable, perversa, vil, canalla, execrable, infame, injusta, aciaga, funesta, infausta, etc., etc., habría de ser predicada de los miembros del Gobierno de España y, especialmente, del Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, vigente durante la legislatura 2.011/2.015, y, quizás, extensible al actual, donde repiten varios de aquellos miembros que lo conformaron durante aquél cuatrienio.

Pues, al estigma de estar cimentado sobre la base de un Partido, el Partido Popular, del que numerosos miembros y cargos públicos se hallan inmersos en un muy numeroso elenco de casos de corrupción ya en vía judicial (recordemos los más relevantes, la Gürtel, Taula, Púnica, Lezo, y los que te rondaré morena), estando el propio Partido, como tal Partido, imputado, aunque lo sea a título de simplemente beneficiario, lo que ya es de por sí bastante relevante, y con el propio Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey llamado a testificar como testigo, el próximo día 26 de Julio (fecha elegida por el propio interfecto, constituyendo una anomalía de no poca dimensión), a las nueve horas y treinta minutos, y que tendrá que comparecer “en persona”, o sea, presencialmente, vis a vis, ante los Magistrados de la Sala de la Audiencia Nacional que juzga la trama Gürtel, en su primera época, obligado a tal por la propia Sala, ya que pretendió escaquearse al anunciar que lo haría mediante video-conferencia, es decir, a través del “plasma”, tan del gusto del Presidente, y quizás para evitar que su comparecencia lo sea con la ayuda asistida mediante este último sistema, y como tal testigo con la obligación legal de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, ahora, aun no repuesto de este contratiempo, un nuevo varapalo le sobreviene al Gobierno, con la Sentencia del Tribunal Constitucional, recién salida del horno, o sea, de fecha 8 de Junio del presente año 2.017, adoptada por unanimidad, lo que ya de por sí legitima aún más la decisión adoptada, y de la que ha sido ponente el Magistrado Andrés Ollero, ex –Diputado del propio Partido Popular, por la que declara contraria a la Carta Magna, es decir a la Ley de Leyes Española, a la Constitución de 1.978, la disimulada “amnistía fiscal” llevada a cabo por el Gobierno del Sr. Rajoy, a través de la Disposición Adicional Primera del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de Marzo, no sólo por la utilización de un vehículo impropio y totalmente “ilegal” para disponer la repetida amnistía, cual es el Real-Decreto-Ley, instrumento normativo indebidamente utilizado en un caso en el que resultaba afectado de forma relevante el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, contraviniendo flagrantemente los artículos 31.1 y 86.1 de la Constitución Española (31.1: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”; y 86.1: “En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-Leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general”.), todo lo cual, en su caso, por afectar a la forma legal en que se llevó a cabo; pero no queda ahí la cosa, como parece que quieren dar a entender los madamases peperos, cuya sentencia les ha pillado con el pie cambiado, que se quedan en ese simple, que no es pequeño, defecto de forma, que parece mentira que alardeando de ser tan listos y cumplidores de la ley, hayan caído en este lapsus tan garrafal como inadmisible, y todo ello por hacer uso y abuso de la mayoría absoluta de que gozaba el Partido en aquella legislatura, plagada de Decretos-Leyes a punta pala, con el único objetivo de imponer su santa voluntad contra todos los demás partidos parlamentarios y evitar el diálogo, el debate y la discusión de las propuestas que eran aprobadas directamente por el Gobierno en la mesa camilla del Consejo de Ministros, y ello que presumen de tener en sus filas a los mejores cerebros en todos los ámbitos. Pues bien, con esta chapuza han quedado retratados en cuanto a su solvencia y cumplimiento de sus deberes y obligaciones fundamentales, entre las que ocupa un lugar preeminente y primera el de dar ejemplo “cumpliendo la ley” que luego, “manu militari” obligan a cumplir los ciudadanos españoles.

Pero no es sólo ese defecto de forma, que, como he dicho y repito, es un gravísimo error, una ilegalidad flagrante, alevosa, temeraria y cuasi delictiva, sino que el Tribunal Constitucional, por una vez y repito de manera unánime, ha hablado claro y contundentemente, pues considera la regularización, expresión bajo la que el Sr. Montoro y todos sus adláteres, trataron de desfigurar lo que en verdad y puramente constituía una “amnistía fiscal en toda regla, como una medida que en lugar de servir a la lucha contra el fraude se aprovecha del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos, lo cual comprota “la abdicación” del Estado de su obligación de hacer efectivo el deber de contribución a los gastos del Estado, y legitima la conducta del defraudador”,  y, a mayor abundamiento, incide el Alto Tribunal, de que el objetivo de conseguir una recaudación que se consideraba imprescindible no puede ser, por sí sólo, causa suficiente que legitime la quiebra del objetivo de justicia del sistema tributario, motivo alegado por el Gobierno, ante el estado de pauperidad del Estado para afrontar el déficit público, motivo que queda totalmente desmontado por el Tribunal Constitucional, que viene a decir, entre líneas, que el fin no justifica los medios, o sea, que no se justifica el incumplimiento de la ley, con la agravante de que se infringe la Carta Magna, en aras de esa lucha contra el déficit, o dicho en román paladino, que no todo vale. Es decir, que con la excusa de la urgente necesidad recaudatoria “con el fin de reducir el déficit público, se establece una declaración tributaria especial para determinadas rentas”, y que no puede aceptarse, y así lo asume el Tribunal Constitucional, con notable y evidente acierto, que establecer medidas como las anuladas pueda constituir “una opción válida de conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir”. Y ello, con la agravante de condonar todo tipo de sanción o recargo y los intereses de demora, y, en principio, aplicando un tipo reducido del 10% que, por arte de birlibirloque, quedó reducido a una media del 3%. Y, además y para mayor inri, los resultados obtenidos dejaron mucho que desear, al obtener sólo una recaudación de unos escasos 1.200 millones de euros, menos de la mitad que se pretendía, lo que ya, por si sólo, hubiera sido suficiente causa para que el Sr. Montoro, en aquellas fechas, hubiese dimitido como Ministro.

Pues bien, ahora, con el varapalo que el Tribunal Constitucional, recordemos que por unanimidad, que esto es muy importante, ha dejado al Gobierno de España al pie de los caballos, con el culo al aire, dejando al descubierto una infracción mayúscula y un incumplimiento de la Ley, que ya, de por sí sólo, valga la redundancia, debiera acarrear, no solo la dimisión en pleno de este Gobierno de España, sino quizás la exigencia de responsabilidades solidarias en vía judicial.

Después de este varapalo, este Gobierno queda deslegitimizado para iniciar acciones legales contra Puigdemont y el independentismo catalán, porque ¿quiénes son los miembros de este Gobierno, incumplidores de los mandatos de la Carta Magna, para exigir a nadie el cumplimiento de la ley?.

En definitiva, una chapuza más a la que nos tiene acostumbrado este Gobierno, que se cree por encima del bien y del mal, tomando a los españoles por el pito del sereno, tomándoles el pelo cuando no como tontos del haba.

MIGUEL-ANGEL VICENTE MARTINEZ

  14 de junio de 2017