Según ha informado el Ministerio de Hacienda en un comunicado, 19.000 plazas se convocarán en la Administración General del Estado; 28.144 plazas, en las comunidades autónomas; y en torno a 20.000 en las entidades locales.
Este aumento de plazas es consecuencia del aumento de la tasa de reposición del empleo público al 100 % en determinados ámbitos que pasarán a considerarse prioritarios en el proyecto de presupuestos generales del Estado que se aprobará el viernes en Consejo de Ministros.
Entre ellos, el personal destinado a políticas activas de empleo, atención a la ciudadanía en los servicios públicos, prestación directa del servicio de transporte público y seguridad y emergencias.
Esta tasa ya se aplicaba a sectores como sanidad, educación, administración de justicia, servicios sociales, control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y contra la Seguridad Social, y prevención y extinción de incendios.
También se contemplará el 100 % de reposición en las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales que gestionen servicios prioritarios, en tanto que en el resto de sectores se mantendrá una tasa de reposición limitada al 50 %.
Respecto al proceso de estabilización del empleo temporal en el sector público, que se llevará a cabo entre 2017 y 2019 y que supondrá la consolidación de 250.000 plazas, Hacienda ha explicado que la mayoría (237.070) corresponden a los ámbitos de sanidad (129.700), docencia (98.807) y administración de justicia (8.564).
Según el Ministerio, hay que tener en cuenta que se parte de una cifra muy elevada de temporalidad, de casi 300.000 interinos en la Administración, con tasas que oscilan entre el 30 % de la sanidad, el 25 % de la administración de justicia y el 20 % en la enseñanza no universitaria.
El acuerdo firmado este miércoles también prevé la constitución de grupos de trabajo entre administración y organizaciones sindicales para estudiar medidas que faciliten la movilidad geográfica y funcional de los empleados públicos, que impulsen su formación y potencien su profesionalización y cualificación específica.
También se analizarán criterios en materia de igualdad de género y de violencia de género, así como la situación de las mutualidades y un seguimiento de la implantación de la Administración Digital.
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