Según mantiene el fiscal en el escrito de acusación, el procesado Antonio G.P., decidió aprovecharse del uso de una tarjeta de accesibilidad que no le pertenecía, de la que manipuló los datos, "para poder estacionar cómodamente en la zona azul".
El acusado usó de forma fraudulenta, en una fecha indeterminada de principios de 2014, una tarjeta de accesibilidad expedida por la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha favor de su suegra, que había fallecido el 22 de marzo de 2013.
Para poder utilizarla, cambió el número de identificación la tarjeta, AB-1059, por el número B-1089 y le modificó la fecha de pérdida de vigencia, mantiene el ministerio público.
Por estos hechos, el fiscal pide que sea condenado a dos años de prisión como autor de un delito de falsificación de documento oficial y al pago de una multa de 3.600 euros.
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